BOLETIN INFORMATIVO

BOLETIN INFORMATIVO (Enero 30 de 2011) Compañeros, reciban un fraternal saludo, de parte de la única organización que representa verdaderamente a los trabajadores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética, “SINTRAMIENERGETICA” denuncia nacional e internacionalmente la situación de hostigamiento y amenazas que han sido víctimas los miembros de la subdirectiva de Sintramienergetica Chiriguaná, a través de mensajes de texto, los cuales se han incrementado con otras acciones en los últimos días de manera dramática. Estas nuevas amenazas de muerte se realizaron contra los compañeros dirigentes Reinaldo Corcho, Yonis Ojeda, Raúl Sosa y Esteban Padilla. Aseguramos que para la Junta Directiva de esta organización, no hay dudas de que se trata de un nuevo ataque sistemático contra una de las organizaciones más comprometidas con la lucha obrera. Como organización Sindical nos declaramos culpables de realizar una lucha constante por defender los derechos laborales de no solo los afiliados a la seccional Chiriguaná, sino de un gran cumulo de trabajadores, que cansados de tanta represión decidieron organizarse sindicalmente en busca de mejoras tanto laborales como económicas. Compañeros para nadie es un secreto que en el Municipio del Paso se encuentran varios conflictos laborales, producto de los Pliegos de Peticiones que se discuten con las empresas: DIMANTEC LTD., TRATECCOL LTD., MASSERTEM LTD., TECSOLUTION LTD., SERVICIOS Y ASESORIAS SAS, ASESORIAS INDUSTRIALES IBIRICO SAS, EXTRAS SA, GENTE ESTRATEGICA SA, GENTE CARIBE SA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INDUSTRIALES LTDA., y OFCAS LTDA, y en estos momentos se quiere cobrar con amenazas, el haber aportado por los miembros de SINTRAMIENERGETICA, con la organización de estos trabajadores lo cual se colige de los mensajes de texto y telefónicos que han recibido junto con otras persecuciones. Los sindicalistas colombianos somos víctimas de una persecución constante sin parangón histórico y que no necesariamente tiene como causa la guerra entre el Estado y las organizaciones al margen de la ley. Se ha comprobado que muchos de ellos mueren en medio de conflictos laborales en los cuales estos actores armados son el medio utilizado por terceros para acabar esos conflictos. Los trabajadores de la empresa Drummond venimos soportando toda clase de represión, hostigamiento y atentados contra la vida, tal y como se han denunciados en ocasiones anteriores. En riesgo inminente, del cual hay demasiada responsabilidad del estado frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de todos los dirigentes sindicales que laboran en el corredor minero del César y Magdalena. RESPONSABILIZAMOS y EXIGIMOS a las autoridades competentes, que investiguen estos hechos y así pueda haber un castigo ejemplar para los actores de estas amenazas contra el movimiento sindical. Hacemos un extensivo llamado a todas las fuerzas vivas, organizaciones sindicales, Ong´s tanto nacional como internacionalmente para qué se pronuncien en rechazo de estas acciones contra la dirigencia sindical.

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BOLETIN INFORMATIVO                                                                                           (Octubre 12 de 2011)                                                                           

Compañeros de  lucha,  Reciban un fraternal, combativo y sincero saludo  de  clase de la Junta  Directiva de  SINTRAMIENERGETICA SECCIONAL CHIRIGUANÁ.

Es menester de la Junta Directiva informar a todos sus afiliados que por motivos de la situación actual relacionada con la ”masacre laboral” que viene ejerciendo la empresa Drummond Ltd, de manera ilegal, contra dirigentes y activistas de la organización sindical, sumados a otros inconvenientes de fuerza mayor, las asambleas programadas para los días 12 de Octubre de 2011, para los turnos de trabajo # 3 y # 2, lo mismo para el personal que labora 6 x 1, e igualmente la programada para el día 16 de Octubre de 2011, para el grupo # 1 han sido aplazadas.

Por tal motivo estas asambleas fueron reprogramadas en su orden de la siguiente manera:

Ø 03 de Noviembre de 2011, Turno 3, a partir de las 7:00 a.m.

Ø 03 de Noviembre de 2011, Turno 6 x 1, a partir de las 2:00 p.m.

Ø 03 de Noviembre de 2011, Turno 2, a partir de las 7:00 p.m.

Ø 06 de Noviembre de 2011, Turno 1, a partir de las 7:00 a.m.

Durante la etapa de inscripción para Delegados Oficiales por parte de la Seccional Chiriguaná, las que se cerraron el pasado 1° de octubre de 2011, luego de veinte (20) días de apertura, se inscribieron siete (7) compañeros, de los cuales solo cuatro (4) podrán ser elegidos como Delegados Oficiales para representar a la seccional Chiriguaná en las próximas Asambleas Nacional de Delegados por un periodo de dos (2) años.

 

 JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL CHIRIGUANA

SINTRAMIENERGETICA DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES      

VIVA LA CLASE OBRERA………………….VIVA VIVA VIVA.

190 mil contra 16 millones

Excelente articulo publicado por el espectador, solo le faltó mencionar que cada pueblo se merece a sus dirigentes, además nuestros honorables “padres” de la patria no han demostrado fehacientemente a sus electores su necesariedad en sus “puestos de trabajo”. Ademas es importante resaltar los derechos que tenemos entre ellos el derecho a vivir dignamente, uno de los derechos que menos se respeta en este país,y todo por la falta de realismo por falta de crear conciencia y de seguir en la Ignorancia de las situación que vive la sociedad. A continuacion transcribimos el articulo:
 190 mil contra 16 millones
 Por: elcides olaznog
 Es, por decir lo menos, paradójico que en la semana que termina, simultáneamente los medios difundan dos noticias abiertamente contrarias que llevan implícita una pavorosa y sobrecogedora crueldad. Por una parte, los genios de Planeación Nacional y del DANE demuestran “científicamente” que una persona perfectamente puede vivir con 190 mil pesos al mes. Y por otra, el magnánimo presidente del Honorable Senado de la República, Doctor Juan Manuel Corzo, sostiene que su miserable sueldo de 16 millones de pesos no le alcanza para comprar la gasolina de sus dos carros oficiales. Cuando se habla de 16 millones debería hacerse claridad; un senador de la República tiene derecho a conformar una Unidad de Trabajo Legislativo que consta de 10 asesores que devengan salarios básicos que oscilan entre los 2 y los 8,5 millones mensuales. Es decir, en solo sueldos y primas especiales, el legislador les cuesta a los bolsillos de los colombianos una suma cercana a los 80 millones de pesos mensuales, fuera de patas, como decía mi abuelo. Súmenle millonarias primas extras por salud, por vivienda, por transporte. A esa miserable suma se le debe agregar la carga prestacional “normal” no solo del Honorable Senador sino la de sus secuaces, perdón, asesores. Agréguense ahora el costo de los viajes dentro del país en función del “trabajo” del legislador y los sacrificados viajes al exterior para representar al país (hoteles cinco estrellas, vuelos en primera clase con copioso whisquito, viáticos acordes con la importancia del personaje, y un largo etcétera que no cabe en este espacio). Y no se hable de pensiones de jubilación porque nos salimos de la galaxia. La suma o total del costo de un solo legislador es una cifra de fábula que excede la capacidad de imaginación de un mortal común y corriente como yo. No debemos olvidar que cuando se habla del bolsillo de los colombianos, están incluidos los de trabajadores que están “por encima de la línea de pobreza”, es decir, los que según Planeación Nacional y el DANE superviven con la fabulosa cifra de 190 mil pesos mensuales. Cruel, ¿no? Ruego a un amable economista que quiera ayudar en este caso, para que con datos más exactos establezca el costo por mes que por un sacrificado legislador debe pagar el erario, y la multiplique por 268 que es el número de harapientos padres de la Patria. La cifra va a ser tan astronómica y tan escalofriante, que muchos colombianos medianamente inteligentes van a pensar: ¿vale la pena patrocinar la sinvergüencería de 268 “padres de la Patria”, por un dizque trabajo que de ninguna manera satisface necesidades de quienes sí tienen que trabajar y muy duro para cubrir estos costos? ¿Se justifica erogar tantos y tantos millones para sostener la falsa idea de democracia? Por lo menos la reflexión vale la pena. Y vienen a mi mente unas preguntas indiscretas: Honorable senador Corzo, ¿cuánto cuesta la nómina de su Unidad Legislativa? ¿Considera usted que el extenuante trabajo de darles la palabra a sus colegas durante las aburridas sesiones del Senado pueda valer tanto? ¿Cuál es el proyecto de ley, cuál es la iniciativa bandera de su genial cerebro para que los colombianos tengamos que pagarle tanto dinero? En los negocios a su cargo, no quedan remanenticos que suplan las tremendas deficiencias de su misérrimo sueldo? Honorable Senador Juan Manuel Corzo: siga haciendo su honorable trabajo (perdón por la repetición malsonante), disfrute de la dignidad con que unos colombianos ingenuos lo invistieron; siga viajando en primera clase, bebiendo whisqui 21 años, disfrute el caviar, insista en revivir la inmunidad parlamentaria para que no los castiguen por sus fechorías pero, por favor, no se burle de los colombianos que le subvencionan su fastuosa vida. Y como dicen en Santander: más bien cállese esa jeta y no sea como tan sin mama, qué bolera… Señores expertos de Planeación Nacional y del DANE: disfruten sus generosos sueldos y prebendas oficiales, continúen con su nobilísimo y altruista trabajo de reducir a cifras ridículas la pobreza de los colombianos; insistan en que si en el país se consumen 88 millones de kilos de carne ello significa que cada colombiano se comió dos kilos, etc. Sigan muy cómodos en su burbuja de Alicia en el país de las maravillas y sigan ignorando la cruel realidad pero, por favor, no se burlen de los colombianos que los mantienen a ustedes y a sus familias. Colofón: cada cuatro años, o menos, los colombianos tienen la oportunidad “histórica” de elegir a sus dirigentes. Pero por alguna razón que no comprende la inteligencia humana llegan al poder personajes oscuros que no les alcanza el tiempo para solucionar los líos en que se meten en razón de sus intereses personales, mucho menos les va a alcanzar para solucionar los problemas de la gente.

Anglo Gold Ashanti y Medoro Resources al Ataque

Dos multitudinarias movilizaciones se realizaron en contra de las minas de oro a cielo abierto de Medoro Resources en Marmato, Caldas, y de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima. En el primer caso, pretenden destruir el casco urbano de la población, incluida alcaldía, iglesia, escuelas, hospital y viviendas, causando un pueblicidio y un auténtico desplazamiento. Y en el segundo, dejarían sin agua sufíciente a una amplia región que se surte del río Coello. La codicia de poderosos inversionistas extranjeros y de sus socios nativos, respaldados por el gobierno nacional, versus el patrimonio económico, social y cultural de comunidades asentadas allí desde hace siglos. La Colosa, en Cajamarca, queda en un área de reserva forestal de alta y muy alta importancia ambiental y en el nacimiento del río Coello, que baña siete municipios del Tolima, entre ellos Espinal, donde le da vida a Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Como estos proyectos mineros son de altísimo consumo de agua, para utilizar inmensas cantidades de cianuro al día, hay una contradicción insalvable con el agua de uso humano y agropecuario, entre otros problemas ambientales. Si el debate sobre la conveniencia y legalidad de La Colosa se diera sin las presiones que suelen acompañar los grandes proyectos mineros, y más con los altos precio del oro y el muy cuestionado estilo de Anglo Gold Ashanti, este proyecto ya se habría hundido. Pero su trámite empezó mal. Un día, Álvaro Uribe anunció, como un éxito suyo, que esa sería la mina de oro más grande del mundo, afirmación que implicó que su gobierno y el de Santos esgrimirían su poder para imponerla. Sobre la supuesta lotería que se ganaron los tolimenses hay que decir que las regalías para Colombia son de apenas el 3.2 por ciento, y que de eso a ellos, por la reciente reforma, les tocará algo muy cercano al nada por ciento. Luego sus condiciones serán incluso peores que las de otros proyectos mineros, donde las gentes de las regiones no salieron de la pobreza y sí reciben los impactos negativos. Las inconveniencias e ilegalidades de La Colosa se plantean desde hace años. En 2008, Cortolima, la autoridad ambiental, ordenó suspender la exploración. Y el año siguiente, Diego Alvarado Ortiz, Procurador Agrario y Ambiental del Tolima, le demostró al Minambiente que el proyecto violaba la ley. Pero Anglo Gold Ashanti, con el respaldo del alto gobierno, gasta millones para poner a su favor a la opinión pública. Tan cínica es su actitud, que hace poco le quitó el patrocinio al Festival del Folclor de Ibagué porque en los desfiles participan comparsas estudiantiles que critican a La Colosa. Las movidas oficiales para imponer los proyectos mineros de las trasnacionales pasan de castaño a oscuro. El 6 de agosto de 2010, el Minambiente les quitó a las CAR el control del agua en la exploración minera, y la reforma de estos entes tiene como primer objetivo arrebatarles su autonomía para volverlas aparatos de bolsillo del Jefe del Estado e instrumentos de la aplanadora minera. Lo que se mueve en Ibagué debe hacer sonar las alarmas de los demócratas. Carmen Sofía Bonilla, la valerosa directora de Cortolima, apoyada en estudios del Ideam, declaró “agotado el recurso hídrico” en el río Coello, lo que significa que no pueden otorgarse nuevas concesiones de agua –ni a Anglo Gold Ashanti ni a nadie–, porque el caudal que hay apenas si alcanza para los actuales usuarios, cuyo consumo humano y agropecuarios es legalmente prioritario. Y el problema tiende a complicarse porque el Ideam también ha dicho que en el Coello será grave el impacto del calentamiento global. Ante la declaratoria, un alto funcionario de la Gobernación presionó en la junta directiva de Cortolima para que la directora echara atrás la decisión, al tiempo que blandía unos papeles de la Contraloría que no tenían por qué estar en sus manos. El personaje quedó en ridículo y al desnudo cuando se mostró una resolución suya, de cuando él fue director de Cortolima, que declaraba “agotado el recurso hídrico” en el Coello. Llamo al gobierno nacional a jugar limpio en el Tolima y a los tolimenses a sostener en alto su reconocida dignidad. Y llamo a los organismos de control a no permitir que funcionarios suyos sirvan de martillos contra una funcionaria que cumple con su deber. Por: Jorge Enrique Robledo

ONG, sindicatos y académicos piden a EE.UU no aprobar el TLC con Colombia

La carta hace una descripción de la situación de los sindicalistas en Colombia. Afirma, por ejemplo, que el país sigue siendo “el más peligroso para los sindicalistas”, y recuerda que en 2010 fueron asesinados 51 integrantes de sindicatos. El argumento de fondo de la carta es que si no se ha superado el conflicto armado, se podría generar más violencia y desplazamiento. Además hace una advertencia: “Los trabajadores estadounidenses no van a poder competir en un mercado laboral que no provea garantías para la sindicalización. Sin abordar las causas profundas de la violencia laboral, el TLC sacrificará la posibilidad de tener un ambiente laboral justo para los trabajadores tanto en los EE.UU. como en Colombia”. La carta también cuestiona el Plan de Acción Laboral al que se comprometió Colombia, consistente en mejorar la protección a los sindicalistas y poner fin a la impunidad de la violencia contra las víctimas. Dice que aunque contiene algunos compromisos, no exige la reducción de esa violencia. En criterio de las organizaciones y personas que firman la carta, el plan pide investigar los abusos de las cooperativas de trabajo, pero no exige la contratación directa de los empleados. Además, aduce que el TLC fue discutido en la era de George Bush y Álvaro Uribe, con un Congreso cuestionado porque una buena parte de sus integrantes tenía alguna relación con grupos ilegales. La violencia ejercida, sigue la carta, tenía por objetivo el despojo de tierras de campesinos, lo cual derivo en una mayor concentración de la tierra. “En 2011, el uno por ciento de terratenientes en Colombia son dueños del 45 por ciento de la tierra, y Colombia tiene la más alta población internamente desplazada del mundo”, dice la correspondencia. Y hace otra advertencia: “los EE.UU. se arriesgarían a invertir en empresas, proyectos o tierras conectadas a los paramilitares y a otros grupos armados ilegales que siguen desplazando a la gente de su tierra en una manera violenta, traficando drogas ilegales a los EE.UU., lavando activos ilícitos y cometiendo otros delitos”. La carta además compara otras experiencias de TLC en el mundo y dice que no es garantía de mejoras de la situación laboral. Concluye que la diferencia es que otros TLC en América Latina no se dieron entre Estados Unidos y países en conflicto como Colombia que tiene “la población desplazada internamente más grande del mundo y los trabajadores y comunidades afectados por la violencia verán los efectos más perjudiciales de un TLC que no provee ninguna garantía para su calidad de vida y seguridad”. La carta está dirigida a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros funcionarios del Gobierno de Barack Obama. La carta la firman más de 100 estadounidenses, entre académicos y ciudadanos, más de 200 organizaciones de Colombia y más de 100 organizaciones de Estados Unidos. semana.com

Hay más empresas implicadas en crímenes

Además de la carbonera Drummond, el colectivo de abogados que encabeza T. Collingsworth tiene procesos en contra de las bananeras Chiquita Brands, Dole y Del Monte, y las petroleras British Petroleum, BP, y Occidental Petroleum, Oxy, por su presunta financiación a grupos de paramilitares. “Lamentablemente este fue un comportamiento que aplicaron varias multinacionales”, enfatiza el abogado colombiano Francisco Ramírez Cuellar, representante del grupo de juristas Colombia. Sostiene que, incluso, importantes empresas nacional, como “Ecopetrol, Postobon y compañías de transporte interdepartamental deben ser investigadas”, porque le habrían entregado dinero a las Autodefensas para apoyarlos y no por el pago de extorsiones. Ramírez denuncia, también, que hubo casos en los que empresas colombianas les pagaron al grupo armado ilegal para que expulsaran de sus territorios a compañías que eran competencia.

Se confirmó la venta de Drummond, Itochu su socio

Drummond Company Inc. llegó a un acuerdo con la japonesa Itochu Corporation, según indicó Drummond en un comunicado fechado en Birmingham, con la operación buscan asociarse, de forma que Drummond será propietaria del 80 por ciento e Itochu del 20 por ciento de sus activos en Colombia por 1.523,5 millones de dólares, Drummond International, la cual será propietaria y operará los proyectos mineros y la infraestructura de transporte en Colombia. En el acuerdo Itochu Corp. Tendrá el derecho exclusivo de exportar el carbón extraído a Japón. La inversión de Itochu en Drummond International ayudará a financiar los requerimientos de capital en Colombia que le corresponden a Drummond, los cuales están enfocados a incrementar las exportaciones de carbón de una manera ambientalmente sostenible. La comercializadora japonesa pretende comenzar a extraer el carbón desde este año para proporcionar el suministro continuo a su país. Inicialmente buscarán exportar 5 millones de toneladas al año y después aumentarlas hasta 7 millones de toneladas, cerca del 6% de la demanda japonesa usada para la generación de energía. Esta transacción está ligada a un programa de inversión en Colombia para los próximos cinco años. Itochu y Drummond trabajarán juntos para aumentar el área de extracción así como mejorar la infraestructura de transporte y así aumentar la producción a 35 millones de toneladas para 2013. Se estima que los costos de desarrollo del proyecto pueden estar entre $5 y $7 billones. La operación de Drummond es estratégica por varias razones. Una, que desde el año pasado llegó al mercado asiático y diversificó sus destinos. Este año planea alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de carbón para exportación, con inversiones que superan US$400 millones, en los que Asia tendrá un papel protagónico. Otra es el papel del carbón, ante los problemas y preocupaciones que está generando la energía nuclear como fuente de generación de energía. El programa contempla la compra de equipo minero más eficiente, junto con una inversión aproximada, entre US$375 y US$400 millones, para la construcción de un nuevo sistema de cargue directo en puerto, según lo ordenado por un decreto del gobierno colombiano. Con este sistema de cargue se incrementará en un futuro la capacidad de exportación a un nivel entre 40 y 45 millones de toneladas por año.

Juez de EU pidió que ‘Tolemaida’ declare en caso contra Drummond

En la Corte Federal de Alabama, EU, existe un trámite que se constituye en una prueba de fuego para saber si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respetará, como lo ha prometido, los Derechos Humanos y velará para que la impunidad no reine en crímenes de lesa humanidad. El abogado Terrence Collingsworth, quien tramita dos demandas contra la Drummond como presunta responsable de los asesinatos de los sindicalistas Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler, reveló ayer a EL HERALDO que un Juez de EU envió al Departamento de Estado una “carta rogatoria” dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para gestionar la declaración juramentada del exparamilitar Tolemaida (Óscar Ospino Pacheco), cabecilla del frente Juan Andrés Álvarez de las AUC que ejecutó los tres homicidios, al parecer, financiado por la multinacional carbonera. “Esta es una oportunidad importante para que Santos demuestre, ante congresistas y funcionarios de mi país que están pendientes de los Derechos Humanos en Colombia, que está cambiando, porque en el gobierno de Uribe tuvimos un caso similar y no hubo ninguna colaboración”, afirmó. Para Collingsworth es claro que Tolemaida no podría mentir sobre la relación con Drummond porque subalternos suyos ya han aceptado que existió y están condenados por los crímenes. “Si miente, sería procesado por perjurio en mi país, que es un delito grave”, argumentó. Dos demandas Orcasita y Locarno fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 por orden de Tolemaida, como lo reconocieron ante la Fiscalía varios de sus hombres. Seis meses después mataron a Gustavo Soler. El paramilitar Alcides Manuel Mattos, apodado El Samario, aceptó que mató a los dos primeros y fue condenado. Collingsworth,en representación de las viudas, demandó en 2006 a la Drummond, pero el proceso no prosperó, fundamentalmente, porque “no contamos con testimonios de (hombres) de las AUC”. “Ahora —reveló— hemos presentado una demanda en nombre de los hijos, luego de que una Corte de Apelación así lo aceptara. Ya hemos recibido importantes declaraciones de paramilitares, aunque están temerosos por amenazas fuertes contra ellos”. Paralelamente, existe otro demanda por el crimen de unas 600 personas en el corredor carbonífero que va de El Paso, Cesar, al puerto de Ciénaga, Magdalena. La tesis es que “las AUC fueron financiadas por Drummond para asegurar la zona y borrar a las Farc ”, dice el jurista estadounidense. Diez de las mujeres demandantes en este caso ya fueron citadas a la Corte de Alabama y deben ir a declarar en julio, explicó Collingsworth. Por el caso Orcasita y Locarno también condenaron a Jairo Charris Castro, o El Viejo Miguel, quien le contó a las autoridades cómo fue planeado el doble crimen. Al ser sentenciado, un Juez Especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía investigar a Gary Drummond, presidente de la multinacional; Jean Jakim; Augusto Jiménez, presidente en Colombia; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad; y al coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad. “Jaime Blanco Maya —hermano del exprocurador Edgardo Maya— involucrado en este caso pregunta por qué está preso y no Araújo, que me dicen es el papá del secretario general de la Fiscalía, una persona cercana a Jorge 40 que impulsó las AUC”, comentó Terrence Collingsworth. Por José Granados Fernández jose.granados@elheraldo.com.co

Cómo liquidar las cesantías cuando el trabajador está incapacitado

En primer lugar hay que precisar que las incapacidades no suspenden el contrato de trabajo, razón por la que las incapacidades no afectan para nada (o casi no) el pago de las cesantías del trabajador. El artículo 253 del código sustantivo del trabajo dice que la prima de servicios se liquidará sobre el último salario al momento de hacer la liquidación respectiva, siempre que este no haya tenido variación. Si el trabajador está incapacitado, para liquidar las cesantías igual se tomará el último salario devengado, que no será el auxilio económico que paga la EPS o la ARP, sino el salario pagado por la empresa. Mientras el trabajador esté incapacitado, la empresa no le paga sueldo o salario; es la EPS o la ARP la que debe pagar la incapacidad. Si el último mes que trabajó el empleado fue enero, interpretando literalmente el artículo 253 del código sustantivo del trabajo, se tomará el sueldo pagado en el mes de enero aun cuando la liquidación de las cesantías se realice en marzo. Ahora, cuando el sueldo del trabajador normalmente se incrementa por horas extras, recargos nocturnos y comisiones, algunas personas liquidan las cesantías con el sueldo básico del mes corriente y no el último sueldo efectivamente recibido por el trabajador, situación que puede ser más justa para la empresa pero puede afectar los intereses del trabajador. Supongamos que el trabajador tiene un sueldo básico de $1.000.000 pero en enero devengó un total de $1.200.000 por efectos de recargos, horas extras y comisiones y que ese ha sido su promedio en meses anteriores. El trabajador por incapacidad no laboró febrero ni marzo, y al finalizar marzo se liquidan las cesantías. En este caso hay dos opciones. 1. Tomar el 1.200.000 devengado en enero y que se supone es su promedio mensual. 2. Tomar su sueldo básico de 1.000.000 que teóricamente devengó en marzo. Esto favorece a la empresa y perjudica al trabajador. En nuestro criterio, las cesantías deberían liquidarse según la opción 1, aunque se estaría haciendo una interpretación muy exegética del artículo 253 del código laboral.

Inspectores de Trabajo pueden ingresar sin previo aviso a la empresa

Cualquier trabajador o grupo de trabajadores, así no estén sindicalizados, pueden acudir ante las Oficinas del Trabajo de su ciudad e interponer una queja por violación a derechos laborales mínimos, al igual que la vulneración a derechos mínimos de seguridad social. (Cuando hablamos de derechos mínimos, podríamos dar por ejemplo las siguientes: afiliación y pago salud, pensión y riesgos profesionales; el cumplimiento del límite de jornadas máximas de trabajo y de horas extras; el cumplimiento de medidas profilácticas o de seguridad industrial; violación al derecho de asociación, entre otras). Dicha queja, podrá ser suscrita por el trabajador o grupo de trabajadores o incluso podría ser anónima si el trabajador tiene temor a algún tipo de retaliación o pérdida de su trabajo. Inspector de Trabajo y su función de vigilancia y control: Inspección y sanción Una vez el trabajador o grupo de trabajadores interpongan la queja sobre actos irregulares en la empresa sobre presuntas violaciones a derechos mínimos laborales o de seguridad social, el Inspector de Trabajo podrá ejercer cualquiera de las siguientes competencias. Entre las competencias que tiene el Inspector de Trabajo están: Hacer comparecer a su respectivo despacho al empleador. Exigir información pertinente a su misión. La exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Entrar sin previo aviso y en cualquier momento en toda empresa con el mismo fin. Ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Imponer multas equivalentes de 1 a 100 s.m.m.l.v. según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, el valor de la multa será para el SENA. Nota: El Inspector de Trabajo NO está autorizado para declarar derechos individuales o definir controversias que son competencia exclusiva de los Jueces Laborales. Si un Inspector de Trabajo pide comparecer o información o desea ingresar a una empresa, ¿el empleador se puede oponer? No. La Legislación Laboral es la que faculta al Inspector de Trabajo para que actúe como representante del Gobierno, de tal manera que el Inspector podrá no sólo imponer multas por desacatar sus solicitudes, sino que en caso de querer ingresar a una empresa a inspeccionar y no le es permitido su ingreso, podrá solicitar la asistencia de la Policía Nacional para que le facilite su acceso a la fuerza. Veamos la norma: Código Laboral. Vigilancia y Control ”Artículo 486. Atribuciones y Sanciones.: Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social tendrán las mismas facultades previstas en el presente numeral respecto de trabajadores, directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, siempre y cuando medie solicitud de parte del sindicato y/o de las organizaciones de segundo y tercer grado a las cuales se encuentra afiliada la organización sindical. 2. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a cien (100) veces el s.m.m.l.v. más alto vigente según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. 3. Las resoluciones de multas que impongan los funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los jueces del trabajo conforme al procedimiento especial de que trata el capítulo 16 del Código de Procedimiento del Trabajo.” tommado de Actualicese.com

COOPERATIVA Y PRECOPERATIVAS NO PODRAN REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL.

De acuerdo con el Decreto 2025 de 2011, que reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, se prohíbe a las Cooperativas y Precoperativas realizar intermediación laboral, so pena de las sanciones pecuniarias, a que se pueden hacer acreedoras por el incumplimiento de dicha disposición legal. La base principal de la prohibición, es que las normas consagran que la labor de intermediación, establecen de manera expresa que el desarrollo de dicha labor, se encuentra en cabeza de las empresas de servicios temporales. El mencionado decreto, estipula de forma expresa cuales son las conductas que son consideradas intermediación laboral, en las cuales pueden incurrir las cooperativas y precooperativas, y que las harían acreedoras de sanciones hasta de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5000 SMLMV), sanción igualmente aplicable para cuando éstas realicen labores de asociación y agremiación para la afiliación de trabajadores independientes a la seguridad social integral. Adicional a la sanción pecuniaria en que puedan incurrir la cooperativa y precooperativas, por el desarrollo de estas actividades de intermediación, de manera automática quedaran inmersas en causal de disolución y liquidación. Cabe destacar que la norma prevé y hace extensiva la sanción pecuniaria al tercero que contrate con estas asociaciones, la actividad de intermediación, sin perjuicio del reconocimiento que realice el Inspector de Trabajo, sobre la existencia de un contrato realidad entre el tercero y el (los) trabajador (es).

Resistencia Laboral, definicion de la HUELGA de los trabajadores de Palma del Cesar

“Resistir”, es el verbo que por estos días más conjugan los trabajadores de Palmas del Cesar, que hoy lunes 13 de junio cumplen exactamente 60 días de huelga en medio de las dificultades y privaciones que una situación de esas acarrea. Con cerca de 4 mil hectáreas de extensión y más de 600 trabajadores, ésta es una de las empresas palmeras productoras de aceite más importantes del departamento del Cesar, ubicada en el corregimiento Minas, municipio de San Martín. Su planta de personal la componen 138 trabajadores con contrato indefinido (107 de ellos afiliados al sindicato de industria Sintrainagro), 226 a término fijo (contratos de menos de un año, de hasta un mes), 230 por cooperativas de trabajo asociado y 32 por empresas temporales. Se trata de un conflicto laboral sobre el cual los trabajadores y el gremio palmero tienen los ojos puestos, porque marca pauta a negociaciones en otras empresas del sector; un sector caracterizado por la masiva contratación tercerizada y en condiciones bastante precarias. Prueba de ello es el contrapliego — nefasto según el sindicato— que inicialmente la empresa presentó a la mesa de negociaciones, con el cual pretendía tener vía libre para contratar mediante cualquier modalidad; rebajar salarios; suprimir las primas extralegales de los trabajadores, lo mismo que el restaurante y el servicio médico; reducir en 50% los permisos sindicales; y una convención colectiva con vigencia a 8 años, cuando actualmente está en 4. “La empresa lo que quiere es tenernos en las mismas condiciones que los trabajadores de Malasia, donde los salarios y el trabajo son casi de esclavos, y la gente trabaja prácticamente por la comida, por el arroz. Pero gracias a nuestra lucha la empresa retiró ese contrapliego. Sólo quedan dos puntos por resolver, y son la causa de que sigamos en huelga: la contratación y el aumento salarial”, señaló Rubén Samacá, presidente de Sintrainagro, seccional Minas. En el primer punto el desacuerdo es por el número de trabajadores que, estando contratados a término fijo, pasarían a término indefinido, o sea gozarían de todos los beneficios de la convención colectiva, pues los fijos sólo se benefician del aumento salarial, no de las demás prerrogativas de la convención. Inicialmente el sindicato pidió que el cambio de contrato fuera para 45 trabajadores, luego rebajó a 32. La empresa por su parte ofreció 20, pero después, en vez de subir el número, lo bajó a 14. Y en el tema salarios, la empresa ofrece aumento de 3.5% para el primer año y el IPC más 0.25 para los otros tres años. La propuesta del sindicato es 5.5% para el primer año y el IPC más medio punto para los otros años. El Gobierno habla de formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales, el Ministerio de la Protección Social debería tener un papel más protagónico. El Vicepresidente Angelino Garzón está tratando de ayudar, y ha conversado con la empresa, pero el papel suyo es más político que ejecutivo, porque no puede tomar medidas vinculantes ni sancionatorias. Tomado ENS.

El novelón de la Drummond

Dinero.com: 06/10/2011 La venta de Drummond, la segunda carbonera más importante de Colombia, parece una novela de nunca acabar. Casi un año después del anuncio de su salida del país, la movida aún no se concreta y el proceso sigue rodeado de todo tipo de especulaciones, que van desde la llegada de inversionistas chinos hasta el desinterés de sus dueños por vender. Todos esos rumores le han puesto un gran halo de misterio al que podría ser el negocio más grande en la historia del país: US$8.000 millones, superior a la venta de Bavaria a SABMiller. Los capítulos más recientes le han dado a la historia nuevos matices. En el último mes, las versiones de la operación se han movido entre puntos extremos. La primera que conoció Dinero, de personas cercanas a la minera, fue que la Drummond no se iría de Colombia, circunstancia que eliminaba la operación de venta. Sin embargo, casi al mismo tiempo, se supo que un grupo de abogados en representación de Xstrata -la minera multinacional que ha mostrado interés por Drummond- desarrollaba en Colombia acercamientos con autoridades públicas sobre el impacto de una eventual negociación. Pero no fueron las únicas informaciones. Hace apenas dos semanas, trascendió una operación entre Drummond e inversionistas asiáticos que se quedarían con una participación de 20% de la minera. Al ser consultada sobre estas informaciones por parte de Dinero, la compañía prefirió no pronunciarse y manifestó que no hay una posición oficial al respecto. La operación de Drummond hoy es estratégica por varias razones. Una, que desde el año pasado llegó al mercado asiático y diversificó sus destinos. Este año planea alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de carbón para exportación, con inversiones que superan US$400 millones, en los que Asia tendrá un papel protagónico. Otra es el papel del carbón, ante los problemas y preocupaciones que está generando la energía nuclear como fuente de generación de energía. El libreto La historia de la venta de esta minera, como muchas telenovelas, nació por un dilema familiar. Garry Drummond, su dueño y cabeza visible, no tendría en su familia quién siguiera manejando el negocio, por lo que el tema de la venta empezó a tomar fuerza. Los primeros capítulos de la novela se destinaron a buscar posibles interesados y 'pretendientes' y a establecer precios. A finales de 2010, se especuló con el interés de mineras como Rio Tinto, Vale, Vedanta Resources y Essar Global, entre otras, y se estimó el valor de la operación en US$8.000 millones. La tensión más alta en la historia se alcanzó en enero de este año, cuando los diarios Sunday Times y The Australian dieron cuenta de una eventual oferta de la minera suiza Xstrata por Drummond. Xstrata es una de las multinacionales mineras más grandes del planeta, con ingresos que para 2010 superaron los US$30.000 millones, de los cuales el carbón representa 29% de sus negocios. Esta compañía, además, ya tiene participación en Colombia: es dueña de 33% del Cerrejón y sus socios son BHP Billiton y AngloAmerican. No obstante este interés casi manifiesto, la operación no estaba cantada. "Tanto que, mientras los medios le daban la 'bendición' al negocio con Xstrata, inversionistas asiáticos estaban mirando las minas en el Cesar", dice un experto que ha estado cerca al negocio. La historia, entonces, quedó casi congelada. Sin embargo, en el último mes volvió a tomar ritmo y se juntaron, con pocos días de diferencia, tres versiones: una, que Drummond no se iría del país y, en consecuencia, la venta no se daría; la segunda, que abogados de Xstrata en Colombia analizan temas jurídicos y financieros de una eventual operación y, por último, la negociación que estaría avanzando con inversionistas japoneses por una participación minoritaria de la compañía. Personas cercanas a Drummond aseguraron a Dinero que, en el momento, no hay acercamientos con Xstrata y que está en desarrollo una negociación por el 20% de la compañía con un grupo japonés que no ha sido identificado. No obstante, han sido tantas las vueltas de esta venta, que no se descartan otros rumbos en la historia. ¿Qué hay detrás de todo este ruido? Para el negocio del carbón en el mundo se empiezan a abrir nuevas perspectivas. Por un lado, los precios vienen al alza. Ha superado la barrera de los US$130 por tonelada y entre octubre de 2010 y enero de este año creció 35%. Por otro, en muchos países las expansiones de generación eléctrica producida por energía nuclear se congelaron a raíz del problema originado en las plantas de Japón, producto del reciente terremoto. Incluso, países como Alemania ya descartaron esta oferta energética, por lo que el carbón toma más protagonismo. Y, finalmente, en el caso de Colombia los dos más grandes jugadores -Cerrejón y Drummond- empezaron a exportar a Asia, donde los consumos de India y China vienen en ascenso. Para el caso de la Drummond, que el año pasado vendió $3,6 billones, el mercado asiático pesa ya cerca de 18% de sus ingresos. Con este panorama, Drummond puede pasar de ser un actor de reparto a adquirir un papel protagónico en el mercado carbonero y convertirse en una ficha clave en el sector. Aún no se escribe el último capítulo de la historia y, como una buena novela, su final todavía es un misterio.

Aumentan licencia de maternidad en Colombia

La propuesta que amplía de 12 a 14 semanas la licencia de maternidad en Colombia fue aprobada en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta nueva ley le permitirá a las futuras madres comenzar su licencia dos semanas antes de la fecha del parto. La norma pasará a conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes. La idea es que esté firmada por el presidente Juan Manuel Santos antes del 20 de junio, cuando termine el actual periodo legislativo, lo que significa que entraría a regir antes de terminar este mes. Uno de los puntos que serán discutidos en la conciliación es si la madre puede usar algunos días de las dos semanas de licencia preparto después de que nazca el bebé. Los congresistas deberán definir el tiempo mínimo obligatorio para que la mujer entre en licencia antes de dar a luz, en caso de que la gestante no desee tomarse las dos semanas. La norma será de obligatorio cumplimiento para los empleadores. La futura madre deberá presentarle a su jefe un certificado médico que especifique su estado de embarazo, la fecha programada para el parto y el día en que comenzará su licencia preparto. Con este cambio, Colombia se ajusta a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que plantea como mínimo 14 semanas de licencia de maternidad, dos de ellas como licencia previa. Con la aprobación del proyecto de ley se disminuye el riesgo que tienen los partos improvisados ante la imposibilidad de la madre de llegar oportunamente al establecimiento médico. “Se debe evitar que las madres sigan trabajando hasta el día del parto”, afirma el senador Lozano. En un parto improvisado y mal atendido la madre podría adquirir infecciones, presentar lesiones en el aparato reproductivo, incluso perder la vida. “Un bebé puede presentar problemas respiratorios, cerebrales, ortopédicos y traumas”, agregó el senador. Para el senador Juan Lozano es importante que las madres tengan tiempo para prepararse para el nacimiento de su bebé "lejos del estrés laboral y de las angustias del transporte". Que puedan dedicar ese tiempo a cuidarse y evitar accidentes en esas últimas semanas que son de mayor riesgo. semana.com

General Motors Colombia despide a trabajadores enfermos

La multinacional General Motors es una empresa de prestigio y poderosa, de las primeras en el mundo y en Colombia, donde hace presencia desde 1956. Desde entonces ha ensamblado un millón 400 mil vehículos, tiene hoy la mayor red de concesionarios del país, realizó en los últimos 25 años inversiones superiores a $868 mil millones, y sin embargo: despide a los trabajadores enfermos. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de GM Colmotores, organización creada el pasado 19 de mayo en Bogotá por 28 trabajadores de esta empresa, todos enfermos y en tratamiento médico por idénticas patologías: síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, epicondilitis (afección en los codos), discopatías lumbares (hernias), entre otras; y en su mayoría en querellas judiciales contra la empresa por haberlos despedido de manera arbitraria, sin reconocerles que estas enfermedades las adquirieron en el trabajo. Con el agravante, según la Asociación, de que en la empresa puede haber más de 200 trabajadores con algún grado de enfermedad, y por lo mismo candidatos también a ser despedidos. Lo otro es que la inmensa mayoría son trabajadores contratados a un año, modo de contratación que no les da estabilidad laboral, fácilmente los pueden despedir. Ni pueden negociar sus condiciones laborales porque la gran mayoría de los 1.800 trabajadores de planta están por Pacto Colectivo; un pacto que entre otras cosas fue construido mediante pago de gabelas a los trabajadores para que se retiraran o no hicieran parte del sindicato. Total, la convención colectiva sólo rige para los 50 trabajadores que quedaron en el reducido sindicato, y que son los únicos que, cuando se han enfermado, les han calificado su enfermedad como profesional.

El Debate en el senado sobre las ARP

Robledo, "el Sistema de Riesgos Profesionales es igual de perverso que el sistema de salud". Conforme a una acción popular instaurada por un grupo de abogados y médicos, "las ARP han usado 300 mil millones de pesos de recursos públicos para pagarles a las empresas de corretaje que les consiguen afiliados. A pesar de que este gasto no tiene nada que ver con la atención de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o padecen una enfermedad profesional, las administradoras de riesgos profesionales lo cargan a los recursos del sistema. Al parecer, también pagan con recursos públicos las cuotas a Fasecolda, gremio que las agrupa". Otra de las denuncias del Senador en contra de las Arp es que en ellas les niegan los derechos a los trabajadores que padecen enfermedades profesionales. "Al igual que las EPS, las ARP están dedicadas a negarles los derechos y servicios a los trabajadores enfermos, puesto que sus utilidades aumentan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología. En Colombia se reconocen 138 enfermedades profesionales por cada 100 mil trabajadores afiliados al sistema, tasa que es inferior a la de países como Argentina, Alemania y Finlandia. Y no es porque los trabajadores colombianos se enfermen menos o porque en el país las condiciones laborales sean mejores, sino porque las ARP están dedicadas a negar el origen profesional de las patologías para aumentar sus utilidades". Dato: En la minería de carbón se estima que la situación es delicada, debido a que es una actividad en la cual los trabajadores están expuestos a todo tipo de riesgos. En El Cerrejón hay más de 700 enfermos y en Drummond más de 800. Sin embargo, en los últimos 10 años en Drummond sólo se han reconocido 208 enfermedades profesionales y en Prodeco, empresa de la trasnacional suiza Glencore, tan solo se ha reconocido un caso.

En Comisión Quinta piden revisar situación laboral de trabajadores del sector minero

Bogotá D.C., 7 de junio de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- La difícil situación de los trabajadores de las multinacionales, sus precarias condiciones de salud y la conformación de una subcomisión para verificar la situación en la que se encuentran quienes trabajan en el sector de la minería fueron los principales aspectos que se trataron en el debate de control político, que se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado. El senador Jorge Robledo (Polo Democrático), citante del debate, denunció la falta de respeto a los derechos laborales en Colombia, así como el estado de indefensión del trabajador frente al patrón. “Sin mano de obra barata, no habrá neoliberalismo que valga”, afirmó el congresista que, a su vez, hizo referencia a la tercerización de los contratos. “En Colombia, se habla del ministerio de la Desprotección Social, que siempre está en contra de los trabajadores”, añadió. De acuerdo con el senador Robledo, en El Cerrejón, Xtrata (Glencore) Anfglo América 7 HP Billington obtienen una utilidad neta de 1,5 billones de pesos anuales y, a pesar de estas ganancias, no les brindan a sus trabajadores condiciones dignas, pues la jornada laboral de los empleados excede las 8 horas diarias reglamentarias, con el agravante de que enfrentan problemas de salud por los riesgos que se corren en las minas. Denunció que estas empresas están tercerizando actividades como mantenimiento, transporte, casinos y vigilancia para evitar la sindicalización. De los 10 mil trabajadores, hay 4.500 tercerizados con contratos a término fijo que no son renovados cuando los trabajadores hacen parte de un sindicato. “En Colombia por cada 100 mil trabajadores se reconocen 138 enfermedades laborales, mientras que en Alemania, 500”, denunció el senador y señaló que “en Colombia elaboran normas calculadas para negarle al trabajador sus derechos”. Por su parte, Moisés Padilla, presidente Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, e Ígor Díaz, presidente de Sintracarbón de El Cerrejón, pidieron respeto por la vida y salud de trabajadores. El senador Félix Valera (Partido Verde) pidió revisar la dinámica del negocio de la minería, con el fin de buscar la equidad y la justicia y, al igual que el senador Robledo, afirmó que el trato con los trabajadores es “inhumano”, por lo tanto, propuso replantear el tema de la seguridad social. La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) reiteró que por cuenta de las irregularidades en la minería se han sacrificado muchas regiones. Asimismo, propuso la conformación de una subcomisión de senadores para visitar las minas que explotan las empresas Drummond y El Cerrejón y conocer, de primera mano, la situación de los trabajadores. Asimismo, el senador Milton Rodríguez (Partido de la U) señaló que hace falta una fiscalización integral de las regalías y de la seguridad industrial. El senador Juan Córdoba (Partido Conservador) propuso crear una superintendencia minera para proteger a los trabajadores. De otro lado, el senador Manuel Guillermo Mora (Partido de la U) manifestó sus inquietudes sobre la situación de los trabajadores de Ecopetrol. Mientras que la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) afirmó que el Gobierno debe reconocer las fallas del sector minero. “Estamos entregando la riqueza del país, a bajo costo, con consecuencias ambientales graves”, concluyó. Al respecto, el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, mostró la disposición del Gobierno de trabajar, de manera conjunta, con el Congreso en los temas tratados en este debate. “La minería es un sector muy importante para la economía, es claro para todos, para la generación de ingresos, empleo y para que se comporte como una de las locomotoras”, aseguró. Sin embargo, sus respuestas no fueron satisfactorias para el senador Robledo, quien concluyó que fueron sólo “promesas”.