sábado, 18 de junio de 2011

Se confirmó la venta de Drummond, Itochu su socio

Drummond Company Inc. llegó a un acuerdo con la japonesa Itochu Corporation, según indicó Drummond en un comunicado fechado en Birmingham, con la operación buscan asociarse, de forma que Drummond será propietaria del 80 por ciento e Itochu del 20 por ciento de sus activos en Colombia por 1.523,5 millones de dólares, Drummond International, la cual será propietaria y operará los proyectos mineros y la infraestructura de transporte en Colombia. En el acuerdo Itochu Corp. Tendrá el derecho exclusivo de exportar el carbón extraído a Japón. La inversión de Itochu en Drummond International ayudará a financiar los requerimientos de capital en Colombia que le corresponden a Drummond, los cuales están enfocados a incrementar las exportaciones de carbón de una manera ambientalmente sostenible. La comercializadora japonesa pretende comenzar a extraer el carbón desde este año para proporcionar el suministro continuo a su país. Inicialmente buscarán exportar 5 millones de toneladas al año y después aumentarlas hasta 7 millones de toneladas, cerca del 6% de la demanda japonesa usada para la generación de energía. Esta transacción está ligada a un programa de inversión en Colombia para los próximos cinco años. Itochu y Drummond trabajarán juntos para aumentar el área de extracción así como mejorar la infraestructura de transporte y así aumentar la producción a 35 millones de toneladas para 2013. Se estima que los costos de desarrollo del proyecto pueden estar entre $5 y $7 billones. La operación de Drummond es estratégica por varias razones. Una, que desde el año pasado llegó al mercado asiático y diversificó sus destinos. Este año planea alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de carbón para exportación, con inversiones que superan US$400 millones, en los que Asia tendrá un papel protagónico. Otra es el papel del carbón, ante los problemas y preocupaciones que está generando la energía nuclear como fuente de generación de energía. El programa contempla la compra de equipo minero más eficiente, junto con una inversión aproximada, entre US$375 y US$400 millones, para la construcción de un nuevo sistema de cargue directo en puerto, según lo ordenado por un decreto del gobierno colombiano. Con este sistema de cargue se incrementará en un futuro la capacidad de exportación a un nivel entre 40 y 45 millones de toneladas por año.

Juez de EU pidió que ‘Tolemaida’ declare en caso contra Drummond

En la Corte Federal de Alabama, EU, existe un trámite que se constituye en una prueba de fuego para saber si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respetará, como lo ha prometido, los Derechos Humanos y velará para que la impunidad no reine en crímenes de lesa humanidad. El abogado Terrence Collingsworth, quien tramita dos demandas contra la Drummond como presunta responsable de los asesinatos de los sindicalistas Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler, reveló ayer a EL HERALDO que un Juez de EU envió al Departamento de Estado una “carta rogatoria” dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para gestionar la declaración juramentada del exparamilitar Tolemaida (Óscar Ospino Pacheco), cabecilla del frente Juan Andrés Álvarez de las AUC que ejecutó los tres homicidios, al parecer, financiado por la multinacional carbonera. “Esta es una oportunidad importante para que Santos demuestre, ante congresistas y funcionarios de mi país que están pendientes de los Derechos Humanos en Colombia, que está cambiando, porque en el gobierno de Uribe tuvimos un caso similar y no hubo ninguna colaboración”, afirmó. Para Collingsworth es claro que Tolemaida no podría mentir sobre la relación con Drummond porque subalternos suyos ya han aceptado que existió y están condenados por los crímenes. “Si miente, sería procesado por perjurio en mi país, que es un delito grave”, argumentó. Dos demandas Orcasita y Locarno fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 por orden de Tolemaida, como lo reconocieron ante la Fiscalía varios de sus hombres. Seis meses después mataron a Gustavo Soler. El paramilitar Alcides Manuel Mattos, apodado El Samario, aceptó que mató a los dos primeros y fue condenado. Collingsworth,en representación de las viudas, demandó en 2006 a la Drummond, pero el proceso no prosperó, fundamentalmente, porque “no contamos con testimonios de (hombres) de las AUC”. “Ahora —reveló— hemos presentado una demanda en nombre de los hijos, luego de que una Corte de Apelación así lo aceptara. Ya hemos recibido importantes declaraciones de paramilitares, aunque están temerosos por amenazas fuertes contra ellos”. Paralelamente, existe otro demanda por el crimen de unas 600 personas en el corredor carbonífero que va de El Paso, Cesar, al puerto de Ciénaga, Magdalena. La tesis es que “las AUC fueron financiadas por Drummond para asegurar la zona y borrar a las Farc ”, dice el jurista estadounidense. Diez de las mujeres demandantes en este caso ya fueron citadas a la Corte de Alabama y deben ir a declarar en julio, explicó Collingsworth. Por el caso Orcasita y Locarno también condenaron a Jairo Charris Castro, o El Viejo Miguel, quien le contó a las autoridades cómo fue planeado el doble crimen. Al ser sentenciado, un Juez Especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía investigar a Gary Drummond, presidente de la multinacional; Jean Jakim; Augusto Jiménez, presidente en Colombia; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad; y al coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad. “Jaime Blanco Maya —hermano del exprocurador Edgardo Maya— involucrado en este caso pregunta por qué está preso y no Araújo, que me dicen es el papá del secretario general de la Fiscalía, una persona cercana a Jorge 40 que impulsó las AUC”, comentó Terrence Collingsworth. Por José Granados Fernández jose.granados@elheraldo.com.co

miércoles, 15 de junio de 2011

Cómo liquidar las cesantías cuando el trabajador está incapacitado

En primer lugar hay que precisar que las incapacidades no suspenden el contrato de trabajo, razón por la que las incapacidades no afectan para nada (o casi no) el pago de las cesantías del trabajador. El artículo 253 del código sustantivo del trabajo dice que la prima de servicios se liquidará sobre el último salario al momento de hacer la liquidación respectiva, siempre que este no haya tenido variación. Si el trabajador está incapacitado, para liquidar las cesantías igual se tomará el último salario devengado, que no será el auxilio económico que paga la EPS o la ARP, sino el salario pagado por la empresa. Mientras el trabajador esté incapacitado, la empresa no le paga sueldo o salario; es la EPS o la ARP la que debe pagar la incapacidad. Si el último mes que trabajó el empleado fue enero, interpretando literalmente el artículo 253 del código sustantivo del trabajo, se tomará el sueldo pagado en el mes de enero aun cuando la liquidación de las cesantías se realice en marzo. Ahora, cuando el sueldo del trabajador normalmente se incrementa por horas extras, recargos nocturnos y comisiones, algunas personas liquidan las cesantías con el sueldo básico del mes corriente y no el último sueldo efectivamente recibido por el trabajador, situación que puede ser más justa para la empresa pero puede afectar los intereses del trabajador. Supongamos que el trabajador tiene un sueldo básico de $1.000.000 pero en enero devengó un total de $1.200.000 por efectos de recargos, horas extras y comisiones y que ese ha sido su promedio en meses anteriores. El trabajador por incapacidad no laboró febrero ni marzo, y al finalizar marzo se liquidan las cesantías. En este caso hay dos opciones. 1. Tomar el 1.200.000 devengado en enero y que se supone es su promedio mensual. 2. Tomar su sueldo básico de 1.000.000 que teóricamente devengó en marzo. Esto favorece a la empresa y perjudica al trabajador. En nuestro criterio, las cesantías deberían liquidarse según la opción 1, aunque se estaría haciendo una interpretación muy exegética del artículo 253 del código laboral.

Inspectores de Trabajo pueden ingresar sin previo aviso a la empresa

Cualquier trabajador o grupo de trabajadores, así no estén sindicalizados, pueden acudir ante las Oficinas del Trabajo de su ciudad e interponer una queja por violación a derechos laborales mínimos, al igual que la vulneración a derechos mínimos de seguridad social. (Cuando hablamos de derechos mínimos, podríamos dar por ejemplo las siguientes: afiliación y pago salud, pensión y riesgos profesionales; el cumplimiento del límite de jornadas máximas de trabajo y de horas extras; el cumplimiento de medidas profilácticas o de seguridad industrial; violación al derecho de asociación, entre otras). Dicha queja, podrá ser suscrita por el trabajador o grupo de trabajadores o incluso podría ser anónima si el trabajador tiene temor a algún tipo de retaliación o pérdida de su trabajo. Inspector de Trabajo y su función de vigilancia y control: Inspección y sanción Una vez el trabajador o grupo de trabajadores interpongan la queja sobre actos irregulares en la empresa sobre presuntas violaciones a derechos mínimos laborales o de seguridad social, el Inspector de Trabajo podrá ejercer cualquiera de las siguientes competencias. Entre las competencias que tiene el Inspector de Trabajo están: Hacer comparecer a su respectivo despacho al empleador. Exigir información pertinente a su misión. La exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Entrar sin previo aviso y en cualquier momento en toda empresa con el mismo fin. Ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Imponer multas equivalentes de 1 a 100 s.m.m.l.v. según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, el valor de la multa será para el SENA. Nota: El Inspector de Trabajo NO está autorizado para declarar derechos individuales o definir controversias que son competencia exclusiva de los Jueces Laborales. Si un Inspector de Trabajo pide comparecer o información o desea ingresar a una empresa, ¿el empleador se puede oponer? No. La Legislación Laboral es la que faculta al Inspector de Trabajo para que actúe como representante del Gobierno, de tal manera que el Inspector podrá no sólo imponer multas por desacatar sus solicitudes, sino que en caso de querer ingresar a una empresa a inspeccionar y no le es permitido su ingreso, podrá solicitar la asistencia de la Policía Nacional para que le facilite su acceso a la fuerza. Veamos la norma: Código Laboral. Vigilancia y Control ”Artículo 486. Atribuciones y Sanciones.: Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social tendrán las mismas facultades previstas en el presente numeral respecto de trabajadores, directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, siempre y cuando medie solicitud de parte del sindicato y/o de las organizaciones de segundo y tercer grado a las cuales se encuentra afiliada la organización sindical. 2. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a cien (100) veces el s.m.m.l.v. más alto vigente según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. 3. Las resoluciones de multas que impongan los funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los jueces del trabajo conforme al procedimiento especial de que trata el capítulo 16 del Código de Procedimiento del Trabajo.” tommado de Actualicese.com

lunes, 13 de junio de 2011

COOPERATIVA Y PRECOPERATIVAS NO PODRAN REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL.

De acuerdo con el Decreto 2025 de 2011, que reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, se prohíbe a las Cooperativas y Precoperativas realizar intermediación laboral, so pena de las sanciones pecuniarias, a que se pueden hacer acreedoras por el incumplimiento de dicha disposición legal. La base principal de la prohibición, es que las normas consagran que la labor de intermediación, establecen de manera expresa que el desarrollo de dicha labor, se encuentra en cabeza de las empresas de servicios temporales. El mencionado decreto, estipula de forma expresa cuales son las conductas que son consideradas intermediación laboral, en las cuales pueden incurrir las cooperativas y precooperativas, y que las harían acreedoras de sanciones hasta de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5000 SMLMV), sanción igualmente aplicable para cuando éstas realicen labores de asociación y agremiación para la afiliación de trabajadores independientes a la seguridad social integral. Adicional a la sanción pecuniaria en que puedan incurrir la cooperativa y precooperativas, por el desarrollo de estas actividades de intermediación, de manera automática quedaran inmersas en causal de disolución y liquidación. Cabe destacar que la norma prevé y hace extensiva la sanción pecuniaria al tercero que contrate con estas asociaciones, la actividad de intermediación, sin perjuicio del reconocimiento que realice el Inspector de Trabajo, sobre la existencia de un contrato realidad entre el tercero y el (los) trabajador (es).

Resistencia Laboral, definicion de la HUELGA de los trabajadores de Palma del Cesar

“Resistir”, es el verbo que por estos días más conjugan los trabajadores de Palmas del Cesar, que hoy lunes 13 de junio cumplen exactamente 60 días de huelga en medio de las dificultades y privaciones que una situación de esas acarrea. Con cerca de 4 mil hectáreas de extensión y más de 600 trabajadores, ésta es una de las empresas palmeras productoras de aceite más importantes del departamento del Cesar, ubicada en el corregimiento Minas, municipio de San Martín. Su planta de personal la componen 138 trabajadores con contrato indefinido (107 de ellos afiliados al sindicato de industria Sintrainagro), 226 a término fijo (contratos de menos de un año, de hasta un mes), 230 por cooperativas de trabajo asociado y 32 por empresas temporales. Se trata de un conflicto laboral sobre el cual los trabajadores y el gremio palmero tienen los ojos puestos, porque marca pauta a negociaciones en otras empresas del sector; un sector caracterizado por la masiva contratación tercerizada y en condiciones bastante precarias. Prueba de ello es el contrapliego — nefasto según el sindicato— que inicialmente la empresa presentó a la mesa de negociaciones, con el cual pretendía tener vía libre para contratar mediante cualquier modalidad; rebajar salarios; suprimir las primas extralegales de los trabajadores, lo mismo que el restaurante y el servicio médico; reducir en 50% los permisos sindicales; y una convención colectiva con vigencia a 8 años, cuando actualmente está en 4. “La empresa lo que quiere es tenernos en las mismas condiciones que los trabajadores de Malasia, donde los salarios y el trabajo son casi de esclavos, y la gente trabaja prácticamente por la comida, por el arroz. Pero gracias a nuestra lucha la empresa retiró ese contrapliego. Sólo quedan dos puntos por resolver, y son la causa de que sigamos en huelga: la contratación y el aumento salarial”, señaló Rubén Samacá, presidente de Sintrainagro, seccional Minas. En el primer punto el desacuerdo es por el número de trabajadores que, estando contratados a término fijo, pasarían a término indefinido, o sea gozarían de todos los beneficios de la convención colectiva, pues los fijos sólo se benefician del aumento salarial, no de las demás prerrogativas de la convención. Inicialmente el sindicato pidió que el cambio de contrato fuera para 45 trabajadores, luego rebajó a 32. La empresa por su parte ofreció 20, pero después, en vez de subir el número, lo bajó a 14. Y en el tema salarios, la empresa ofrece aumento de 3.5% para el primer año y el IPC más 0.25 para los otros tres años. La propuesta del sindicato es 5.5% para el primer año y el IPC más medio punto para los otros años. El Gobierno habla de formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales, el Ministerio de la Protección Social debería tener un papel más protagónico. El Vicepresidente Angelino Garzón está tratando de ayudar, y ha conversado con la empresa, pero el papel suyo es más político que ejecutivo, porque no puede tomar medidas vinculantes ni sancionatorias. Tomado ENS.

viernes, 10 de junio de 2011

El novelón de la Drummond

Dinero.com: 06/10/2011 La venta de Drummond, la segunda carbonera más importante de Colombia, parece una novela de nunca acabar. Casi un año después del anuncio de su salida del país, la movida aún no se concreta y el proceso sigue rodeado de todo tipo de especulaciones, que van desde la llegada de inversionistas chinos hasta el desinterés de sus dueños por vender. Todos esos rumores le han puesto un gran halo de misterio al que podría ser el negocio más grande en la historia del país: US$8.000 millones, superior a la venta de Bavaria a SABMiller. Los capítulos más recientes le han dado a la historia nuevos matices. En el último mes, las versiones de la operación se han movido entre puntos extremos. La primera que conoció Dinero, de personas cercanas a la minera, fue que la Drummond no se iría de Colombia, circunstancia que eliminaba la operación de venta. Sin embargo, casi al mismo tiempo, se supo que un grupo de abogados en representación de Xstrata -la minera multinacional que ha mostrado interés por Drummond- desarrollaba en Colombia acercamientos con autoridades públicas sobre el impacto de una eventual negociación. Pero no fueron las únicas informaciones. Hace apenas dos semanas, trascendió una operación entre Drummond e inversionistas asiáticos que se quedarían con una participación de 20% de la minera. Al ser consultada sobre estas informaciones por parte de Dinero, la compañía prefirió no pronunciarse y manifestó que no hay una posición oficial al respecto. La operación de Drummond hoy es estratégica por varias razones. Una, que desde el año pasado llegó al mercado asiático y diversificó sus destinos. Este año planea alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de carbón para exportación, con inversiones que superan US$400 millones, en los que Asia tendrá un papel protagónico. Otra es el papel del carbón, ante los problemas y preocupaciones que está generando la energía nuclear como fuente de generación de energía. El libreto La historia de la venta de esta minera, como muchas telenovelas, nació por un dilema familiar. Garry Drummond, su dueño y cabeza visible, no tendría en su familia quién siguiera manejando el negocio, por lo que el tema de la venta empezó a tomar fuerza. Los primeros capítulos de la novela se destinaron a buscar posibles interesados y 'pretendientes' y a establecer precios. A finales de 2010, se especuló con el interés de mineras como Rio Tinto, Vale, Vedanta Resources y Essar Global, entre otras, y se estimó el valor de la operación en US$8.000 millones. La tensión más alta en la historia se alcanzó en enero de este año, cuando los diarios Sunday Times y The Australian dieron cuenta de una eventual oferta de la minera suiza Xstrata por Drummond. Xstrata es una de las multinacionales mineras más grandes del planeta, con ingresos que para 2010 superaron los US$30.000 millones, de los cuales el carbón representa 29% de sus negocios. Esta compañía, además, ya tiene participación en Colombia: es dueña de 33% del Cerrejón y sus socios son BHP Billiton y AngloAmerican. No obstante este interés casi manifiesto, la operación no estaba cantada. "Tanto que, mientras los medios le daban la 'bendición' al negocio con Xstrata, inversionistas asiáticos estaban mirando las minas en el Cesar", dice un experto que ha estado cerca al negocio. La historia, entonces, quedó casi congelada. Sin embargo, en el último mes volvió a tomar ritmo y se juntaron, con pocos días de diferencia, tres versiones: una, que Drummond no se iría del país y, en consecuencia, la venta no se daría; la segunda, que abogados de Xstrata en Colombia analizan temas jurídicos y financieros de una eventual operación y, por último, la negociación que estaría avanzando con inversionistas japoneses por una participación minoritaria de la compañía. Personas cercanas a Drummond aseguraron a Dinero que, en el momento, no hay acercamientos con Xstrata y que está en desarrollo una negociación por el 20% de la compañía con un grupo japonés que no ha sido identificado. No obstante, han sido tantas las vueltas de esta venta, que no se descartan otros rumbos en la historia. ¿Qué hay detrás de todo este ruido? Para el negocio del carbón en el mundo se empiezan a abrir nuevas perspectivas. Por un lado, los precios vienen al alza. Ha superado la barrera de los US$130 por tonelada y entre octubre de 2010 y enero de este año creció 35%. Por otro, en muchos países las expansiones de generación eléctrica producida por energía nuclear se congelaron a raíz del problema originado en las plantas de Japón, producto del reciente terremoto. Incluso, países como Alemania ya descartaron esta oferta energética, por lo que el carbón toma más protagonismo. Y, finalmente, en el caso de Colombia los dos más grandes jugadores -Cerrejón y Drummond- empezaron a exportar a Asia, donde los consumos de India y China vienen en ascenso. Para el caso de la Drummond, que el año pasado vendió $3,6 billones, el mercado asiático pesa ya cerca de 18% de sus ingresos. Con este panorama, Drummond puede pasar de ser un actor de reparto a adquirir un papel protagónico en el mercado carbonero y convertirse en una ficha clave en el sector. Aún no se escribe el último capítulo de la historia y, como una buena novela, su final todavía es un misterio.

Aumentan licencia de maternidad en Colombia

La propuesta que amplía de 12 a 14 semanas la licencia de maternidad en Colombia fue aprobada en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta nueva ley le permitirá a las futuras madres comenzar su licencia dos semanas antes de la fecha del parto. La norma pasará a conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes. La idea es que esté firmada por el presidente Juan Manuel Santos antes del 20 de junio, cuando termine el actual periodo legislativo, lo que significa que entraría a regir antes de terminar este mes. Uno de los puntos que serán discutidos en la conciliación es si la madre puede usar algunos días de las dos semanas de licencia preparto después de que nazca el bebé. Los congresistas deberán definir el tiempo mínimo obligatorio para que la mujer entre en licencia antes de dar a luz, en caso de que la gestante no desee tomarse las dos semanas. La norma será de obligatorio cumplimiento para los empleadores. La futura madre deberá presentarle a su jefe un certificado médico que especifique su estado de embarazo, la fecha programada para el parto y el día en que comenzará su licencia preparto. Con este cambio, Colombia se ajusta a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que plantea como mínimo 14 semanas de licencia de maternidad, dos de ellas como licencia previa. Con la aprobación del proyecto de ley se disminuye el riesgo que tienen los partos improvisados ante la imposibilidad de la madre de llegar oportunamente al establecimiento médico. “Se debe evitar que las madres sigan trabajando hasta el día del parto”, afirma el senador Lozano. En un parto improvisado y mal atendido la madre podría adquirir infecciones, presentar lesiones en el aparato reproductivo, incluso perder la vida. “Un bebé puede presentar problemas respiratorios, cerebrales, ortopédicos y traumas”, agregó el senador. Para el senador Juan Lozano es importante que las madres tengan tiempo para prepararse para el nacimiento de su bebé "lejos del estrés laboral y de las angustias del transporte". Que puedan dedicar ese tiempo a cuidarse y evitar accidentes en esas últimas semanas que son de mayor riesgo. semana.com

jueves, 9 de junio de 2011

General Motors Colombia despide a trabajadores enfermos

La multinacional General Motors es una empresa de prestigio y poderosa, de las primeras en el mundo y en Colombia, donde hace presencia desde 1956. Desde entonces ha ensamblado un millón 400 mil vehículos, tiene hoy la mayor red de concesionarios del país, realizó en los últimos 25 años inversiones superiores a $868 mil millones, y sin embargo: despide a los trabajadores enfermos. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de GM Colmotores, organización creada el pasado 19 de mayo en Bogotá por 28 trabajadores de esta empresa, todos enfermos y en tratamiento médico por idénticas patologías: síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, epicondilitis (afección en los codos), discopatías lumbares (hernias), entre otras; y en su mayoría en querellas judiciales contra la empresa por haberlos despedido de manera arbitraria, sin reconocerles que estas enfermedades las adquirieron en el trabajo. Con el agravante, según la Asociación, de que en la empresa puede haber más de 200 trabajadores con algún grado de enfermedad, y por lo mismo candidatos también a ser despedidos. Lo otro es que la inmensa mayoría son trabajadores contratados a un año, modo de contratación que no les da estabilidad laboral, fácilmente los pueden despedir. Ni pueden negociar sus condiciones laborales porque la gran mayoría de los 1.800 trabajadores de planta están por Pacto Colectivo; un pacto que entre otras cosas fue construido mediante pago de gabelas a los trabajadores para que se retiraran o no hicieran parte del sindicato. Total, la convención colectiva sólo rige para los 50 trabajadores que quedaron en el reducido sindicato, y que son los únicos que, cuando se han enfermado, les han calificado su enfermedad como profesional.

El Debate en el senado sobre las ARP

Robledo, "el Sistema de Riesgos Profesionales es igual de perverso que el sistema de salud". Conforme a una acción popular instaurada por un grupo de abogados y médicos, "las ARP han usado 300 mil millones de pesos de recursos públicos para pagarles a las empresas de corretaje que les consiguen afiliados. A pesar de que este gasto no tiene nada que ver con la atención de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o padecen una enfermedad profesional, las administradoras de riesgos profesionales lo cargan a los recursos del sistema. Al parecer, también pagan con recursos públicos las cuotas a Fasecolda, gremio que las agrupa". Otra de las denuncias del Senador en contra de las Arp es que en ellas les niegan los derechos a los trabajadores que padecen enfermedades profesionales. "Al igual que las EPS, las ARP están dedicadas a negarles los derechos y servicios a los trabajadores enfermos, puesto que sus utilidades aumentan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología. En Colombia se reconocen 138 enfermedades profesionales por cada 100 mil trabajadores afiliados al sistema, tasa que es inferior a la de países como Argentina, Alemania y Finlandia. Y no es porque los trabajadores colombianos se enfermen menos o porque en el país las condiciones laborales sean mejores, sino porque las ARP están dedicadas a negar el origen profesional de las patologías para aumentar sus utilidades". Dato: En la minería de carbón se estima que la situación es delicada, debido a que es una actividad en la cual los trabajadores están expuestos a todo tipo de riesgos. En El Cerrejón hay más de 700 enfermos y en Drummond más de 800. Sin embargo, en los últimos 10 años en Drummond sólo se han reconocido 208 enfermedades profesionales y en Prodeco, empresa de la trasnacional suiza Glencore, tan solo se ha reconocido un caso.

En Comisión Quinta piden revisar situación laboral de trabajadores del sector minero

Bogotá D.C., 7 de junio de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- La difícil situación de los trabajadores de las multinacionales, sus precarias condiciones de salud y la conformación de una subcomisión para verificar la situación en la que se encuentran quienes trabajan en el sector de la minería fueron los principales aspectos que se trataron en el debate de control político, que se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado. El senador Jorge Robledo (Polo Democrático), citante del debate, denunció la falta de respeto a los derechos laborales en Colombia, así como el estado de indefensión del trabajador frente al patrón. “Sin mano de obra barata, no habrá neoliberalismo que valga”, afirmó el congresista que, a su vez, hizo referencia a la tercerización de los contratos. “En Colombia, se habla del ministerio de la Desprotección Social, que siempre está en contra de los trabajadores”, añadió. De acuerdo con el senador Robledo, en El Cerrejón, Xtrata (Glencore) Anfglo América 7 HP Billington obtienen una utilidad neta de 1,5 billones de pesos anuales y, a pesar de estas ganancias, no les brindan a sus trabajadores condiciones dignas, pues la jornada laboral de los empleados excede las 8 horas diarias reglamentarias, con el agravante de que enfrentan problemas de salud por los riesgos que se corren en las minas. Denunció que estas empresas están tercerizando actividades como mantenimiento, transporte, casinos y vigilancia para evitar la sindicalización. De los 10 mil trabajadores, hay 4.500 tercerizados con contratos a término fijo que no son renovados cuando los trabajadores hacen parte de un sindicato. “En Colombia por cada 100 mil trabajadores se reconocen 138 enfermedades laborales, mientras que en Alemania, 500”, denunció el senador y señaló que “en Colombia elaboran normas calculadas para negarle al trabajador sus derechos”. Por su parte, Moisés Padilla, presidente Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, e Ígor Díaz, presidente de Sintracarbón de El Cerrejón, pidieron respeto por la vida y salud de trabajadores. El senador Félix Valera (Partido Verde) pidió revisar la dinámica del negocio de la minería, con el fin de buscar la equidad y la justicia y, al igual que el senador Robledo, afirmó que el trato con los trabajadores es “inhumano”, por lo tanto, propuso replantear el tema de la seguridad social. La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) reiteró que por cuenta de las irregularidades en la minería se han sacrificado muchas regiones. Asimismo, propuso la conformación de una subcomisión de senadores para visitar las minas que explotan las empresas Drummond y El Cerrejón y conocer, de primera mano, la situación de los trabajadores. Asimismo, el senador Milton Rodríguez (Partido de la U) señaló que hace falta una fiscalización integral de las regalías y de la seguridad industrial. El senador Juan Córdoba (Partido Conservador) propuso crear una superintendencia minera para proteger a los trabajadores. De otro lado, el senador Manuel Guillermo Mora (Partido de la U) manifestó sus inquietudes sobre la situación de los trabajadores de Ecopetrol. Mientras que la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) afirmó que el Gobierno debe reconocer las fallas del sector minero. “Estamos entregando la riqueza del país, a bajo costo, con consecuencias ambientales graves”, concluyó. Al respecto, el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, mostró la disposición del Gobierno de trabajar, de manera conjunta, con el Congreso en los temas tratados en este debate. “La minería es un sector muy importante para la economía, es claro para todos, para la generación de ingresos, empleo y para que se comporte como una de las locomotoras”, aseguró. Sin embargo, sus respuestas no fueron satisfactorias para el senador Robledo, quien concluyó que fueron sólo “promesas”.

Por Asesinatos de Compañeros Sindicalistas de SINTRAMIENERGETICA, medida de aseguramiento contra Jaime Blanco Maya.

Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, le fue definida la situación jurídica a Jaime Blanco Maya, por el fiscal de Derechos Humanos y DIH que investiga el crimen de Hugo Manuel Guerra Cabrera, ex contratista de la transnacional Drummond. En este proceso Blanco Maya, quien es hermano del exprocurador Edgardo Maya, fue sindicado por el fiscal instructor como presunto responsable del punible de homicidio agravado en condición de determinador. La víctima, Guerra Cabrera, había sido contratista del servicio de alimentación para los trabajadores de la mina ubicada en la Loma de la Calentura, La Guajira, y explotada por la Drummond. Según lo establecido por los investigadores, el ex contratista desapareció el 8 de mayo de 2000, cuando se desplazaba en el área del municipio de Becerril, Cesar, y su cuerpo desmembrado y cubierto de cal fue hallado días después en una fosa en la finca La Chiquita en jurisdicción de la citada población. La muerte de Guerra Cabrera fue cometida por hombres al mando de John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, condenado en este caso a 40 años de prisión. Blanco Maya, privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, también fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH en el proceso por los homicidios de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, directivos de Sintramienergética, perpetrados por paramilitares al mando de Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, en marzo de 2001 en jurisdicción de Bosconia (Cesar). Presumiblemente, los sindicalistas fueron asesinados por liderar protestas contra el mal servicio de alimentación que prestaba en el restaurante de la empresa minera el entonces contratista Blanco Maya. Tomado de El Heraldo

viernes, 3 de junio de 2011

Trabajadores que están excluidos de la extensión de la convención colectiva: Dirección o Confianza.


Es claro que las normas laborales excluyen de plano, los beneficios convencionales a los trabajadores que ejecutan labores de dirección o confianza, o sea, verdaderos representantes del empleador, y sobre esa expresión “Representante del empleador” la Corte Constitucional en su Sentencia C-372 de 1998, trae a colación los conceptos que históricamente ha expuesto la C.S.J. Sala Laboral, sobre aquellos empleados “sustancialmente de confianza” de tal manera que meros cargos de coordinadores o supervisores, pero que no tengan potestades atribuciones cómo la contratación, el despido, sancionar, ausentarse, etc., son simplemente un operario más en la empresa.


martes, 31 de mayo de 2011

El sindicalismo en la cima del mundo


Dorje Khatri, miembro del sindicato sherpa de Nepal, plantó la bandera de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en la cumbre del Monte Everest. Lo hizo para ratificar el compromiso del sindicalismo con la protección del planeta en medio del  cambio climático. 
Dorje, de 46 años de edad, ya antes había escalado siete veces el Everest (que los nepalíes denominan con su nombre original, Sagarmatha). Esta vez, junto con su equipo de sindicalistas, colocaron la bandera en “La cima del mundo” a las 6:30 horas del 26 de mayo. 
“El sindicato de Dorje Khatri protege a los sherpas de la explotación. También está ayudando a proteger el planeta del catastrófico cambio climático. Rendimos homenaje a la increíble valentía y dedicación de Sherpa Dorje y sus compañeros”, dijo la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Corte Constitucional pidió agilizar a las EPS trámites para la entrega de medicamentos


La decisión se tomó tras determinar que la demora en el suministro de una medicina a una mujer que padecía de epilepsia terminó violando sus derechos fundamentales debido a “los innumerables requisitos para la entrega de un medicamento”, lo cuales, según el Alto Tribunal, son de responsabilidad de la empresa que provee los servicios de salud y no deben ser trasladados a los enfermos.
“Los trámites de verificación y autorización de servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la institución prestadora de servicios”, explica la Corte a través de la sentencia T-1030 de 2010.
En el caso que provocó la decisión se detalla que la mujer, que padece de epilepsia focal con síndrome depresivo, el médico tratante le había formulado los medicamentos Fenobarbital, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y Oxcarbamazepina, fuera de esa lista. El relato del caso demuestra que la paciente vio vedado su acceso a la salud por varios meses, tras la exigencia de varios trámites que le imponía la Nueva EPS.
Pese a que la mujer residía en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, tuvo que trasladarse a Bogotá en varias oportunidades para tramitar las prescripciones de cada fórmula, por factores como la cantidad de pastillas, entre otras no sustanciales, que terminaron generando dilaciones en la entrega del medicamento, en detrimento de la salud de la enferma.

viernes, 27 de mayo de 2011

UN LOGRO MAS PARA EL SINDICATO, UN GOLPE MAS PARA DRUMMOND LTD

Reciban un fraternal, combativo y sincero saludo de clase de SINTRAMIENERGETICA SECCIONAL CHIRIGUANA Organización que desde su nacimiento su lema ha sido defender a los trabajadores viniere de donde viniere, haciendo honor al lema anterior que  fue empuñamos la bandera del libertador. Compañeros nos pusimos la meta de que a todos nuestros afiliados que fueran despedidos, serian reintegrados y fue así como nos dimos la tarea de que el compañero GUILLERMO MARTINEZ comisión de reclamo despedido el 18 de MARZO DEL 2011 fuera reintegrado e inmediatamente, a través del abogado laboralista HENSER DELGADO quien llevo a cargo el proceso del compañero despedido para Presentar la tutela. Acción esta interpuesta en los juzgados de la ciudad de SANTA MARTA. Donde reside el compañero.
El día 23 de mayo se logro el reintegro en primera instancia del compañero GUILLERMO MARTINEZ sentencia proferida por el juzgado séptimo penal de la ciudad de SANTA MARTA, logro este que enaltece y fortalece a Sintramienergética siendo esto otro golpe certero a estas multinacional que a querido diezmar a nuestra organización a sabiendas que el compañero GUILLERMO MARTINEZ hacia parte de la junta directiva seccional Chiriguaná en la COMISION DE RECLAMO.

También hemos emprendido una campaña con las comunidades de la zona bananera, donde tuvimos participación en el segundo foro ambiental efectuaron en la zona bananera en ORIHUECA en el colegio de bachillerato. 

Dándoles todo el apoyo a estas comunidades quienes sufren enfermedades respiratorias, los niños nacen sordos por los grandes decibeles auditivos producidos por el paso del tren y el polvillo del carbón que va quedando en todo el corredor férreo. La junta directiva nacional y las seccionales del El Paso Chiriguaná y Ciénaga estamos trabajando en conjunto y en coordinación con los abogados laboralista para instalar tutelas y demandas ordinarias contra la empresa DRUMMOND, ARP, EPS quienes han cercenado a todos los trabajadores enfermos reubicándolos en jornada de 8 horas y cambiándoles el turno de trabajo siendo esto traumático para el trabajador y su núcleo familiar recortándole su descanso y perdiendo su capacidad económica en un 50%. 

Esta es la forma en que la empresa en contubernio con la ARP Y EPS tratan el trabajador que después de haberle entregado toda su fuerza laborar para beneficio de la compañía y al enfermarse e inmediatamente los golpean inmisericordemente. Esperemos que logremos el éxito y le ganemos una nueva batalla a los monopolios arriba mencionados. 

Compañeros que no están afiliados a nuestra organización llego la hora de afiliarte ya que la organización sindical SINTRAMIENERGETICA es la que realmente defiende los intereses de los trabajadores 

 JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL CHIRIGUANA SINTRAMIENERGETICA DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
VIVA LA CLASE OBRERA………………….VIVA VIVA VIVA.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Prodeco sigue empotrada en su disfraz de mansa oveja

La Trasnacional Suiza GLENCORE A.G., por medio de su filial en Colombia C. I. PRODECO S.A., lideran un ATAQUE FRONTAL contra los trabajadores sindicalizados en la zona carbonífera de Colombia, adoptando represalias como las citaciones a descargos y sanciones disciplinarias injustificadas; así como los despidos de trabajadores. Argumenta públicamente y ante las directivas sindicales que es fiel cumplidora de la ley y que respeta los derechos de los trabajadores, pero en la práctica hace todo lo contrario, destacándose como la principal empresa perseguidora del movimiento sindical y castigadora de los trabajadores que optan por el derecho mundial de sindicalización, como mecanismo de unidad para la defensa de sus derechos. Frente al despido injusto de un obrero sindicalizado en La Mina Calenturitas, los trabajadores realizaron una protesta pacífica colectiva. La respuesta de la empresa PRODECO (GLENCORE), frente al ejercicio del derecho a la protesta (CN. art. 37), fue el despido de más trabajadores. En días pasados había sido despedido el trabajador IVAN MESA y, el pasado 23 de Mayo, fue despedido, también de manera injusta e ilegal, el directivo sindical LUIS SANTIAGO, quien es miembro de la COMISIÓN DE RECLAMOS de la Junta Directiva Nacional de Sintramienergética. Este despido se hace sobre la base de acusaciones falsas, no probadas, hechas por los supervisores y personal ejecutivo de la empresa. Además los despidos se hacen en el marco del FUERO CIRCUNSTANCIAL previsto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, según el cual no se puede efectuar despidos de trabajadores mientras subsista un conflicto colectivo de trabajo, el cual sólo termina con la firma de una Convención Colectiva de Trabajo o de un Laudo Arbitral, que resuelva el pliego de Peticiones presentado por Sintramienergética Seccional Santa Marta en noviembre de 2008 y que aún PRODECO no ha resuelto y, además le pone trabas al desarrollo del tribunal de arbitramento instalado por el Ministerio de la Protección Social. Asimismo, desconoce el fuero de directivo que cobija al compañero despedido. Condenamos esta práctica de sembrar el terror y la zozobra entre los trabajadores sindicalizados, quienes ven vulnerados sus derechos elementales relativos al derecho de asociación. Al mismo tiempo, exigimos el reintegro de estos trabajadores.

ACUERDO FINAL ENTRE SINTRAMIENERGETICA EL BAGRE Y MINEROS S.A.

martes, 24 de mayo de 2011

Es hora de que los trabajadores tengan estabilidad laboral: Garzón


El Vicepresidente aseguró que es necesario abolir cualquier tipo de contratación temporal.

Las declaraciones fueron hechas en el foro 'Campaña para los derechos de asociación y libertad sindical', que cuenta con el apoyo de la agencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Angelino Garzón aseguró que es necesario abolir cualquier tipo de contratación temporal tanto en el sector público como en el privado.
"Es poco lógico que los empleados en las instituciones del Estado no cuenten con estabilidad laboral", dijo.
La consigna debe ser empleos decentes y salarios justos y por eso la intermediación en los empleos no les sirve al país y a los empresarios, agregó.
Asimismo destacó la labor que el Procurador viene realizando en materia de DD. HH. y en la lucha contra la corrupción
"Siga ese trabajo señor Procurador, el de tomar medidas para que todos tengan presente que los dineros públicos son sagrados", afirmó.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordoñez  por hizo una crítica a la figura de la contratación de prestación de servicio y aseguró que en este momento es una violación de los derechos de los trabajadores.
"Hoy tengo que pedir perdón porque cuando fui magistrado avalé esa figura", aseguró.

tomado de El Tiempo