lunes, 14 de marzo de 2011

Ex líder paramilitar compromete a Drummond en asesinatos

POR GERARDO REYES                                                                                                                                                                      GREYES@ELNUEVOHERALD.COM  Publicado el lunes, 03.14.11

Un ex comandante paramilitar, que trabajó para la multinacional del carbón estadounidense Drummond Company, aseguró ante una corte federal de Alabama que fue testigo de cómo la empresa patrocinó el asesinato de vecinos del campamento minero en Colombia que se negaban a vender terrenos por donde pasaría el ferrocarril de la compañía.
La explosiva declaración de Libardo Duarte, alias Bam Bam, en la que involucra también a políticos y militares en complicidad con la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue aportada al proceso civil la semana pasada por Terry Collingsworth, abogado de las víctimas en Estados Unidos, que están reclamando por el pago de una indemnización.
Duarte, quién está preso en Bogotá, afirmó además que en noviembre pasado el presidente de Drummond en ese país, Augusto Jiménez, le prometió dinero a uno de los acusados de los asesinatos a cambio de desvincular a la empresa de los crímenes.
A su vez, el acusado le ofreció a él $150,000 para que se quedara callado, agregó Duarte.
Duarte también señaló que Mike Tracy, presidente de operaciones mineras de la empresa, actuó como enlace entre la compañía y las AUC. Los paramilitares, agregó, recibían de Drummond $500,000 mensuales por sus servicios de protección de la mina y sus alrededores.
Alias John, uno de los paramilitares contratados por la Drummond, indicó Duarte, estuvo encargado de obligar a que la gente vendiera sus tierras, donde se construiría la vía férrea de la compañía al norte de Colombia.
"John desplazó, desapareció y asesinó a los propietarios que no quisieron vender o que no estuvieron de acuerdo con la cantidad que Drummond ofrecía por las tierras para que pudiera pasar la vía férrea de Drummond por esta zona'', afirmó Duarte en la declaración radicada la semana pasada. "Todos, las AUC, los ejecutivos de Drummond, y el ejército colombiano interactuaron y cooperaron''.
De acuerdo con la demanda, las víctimas relacionadas con el desalojo para dar paso a la línea de ferrocarril se cuentan por decenas.
Bill Jeffress, abogado en Washington, D.C., que representa a Drummond y los directivos mencionados por Duarte, dijo a El Nuevo Herald que tiene restricciones para hablar del caso por instrucciones del juez.
"Lo único que puedo decirle es que negamos esas acusaciones y que pensamos negarlas en corte'', dijo Jeffress.
Collingsworth señaló que la importancia del testimonio de Duarte es que pone en ‘‘franca contradicción'' las versiones de Drummond de que sus directivos jamás se reunieron con paramilitares.
"Cuando le comenté a Duarte en la cárcel ese argumento que siempre ha usado la Drummond, él soltó una carcajada y me dijo que había contactos entre ellos todo el tiempo'', explicó Collingsworth a El Nuevo Herald.
El caso de la Drummond es seguido con interés en Colombia por cuanto hoy lunes se vence el plazo para que el gobierno de Estados Unidos defina si respalda una solicitud de la embajada colombiana en Washington en favor de la inmunidad del ex presidente Alvaro Uribe, quien fue citado a declarar como testigo en el caso de Alabama.
Duarte, quien se identificó como un protegido de la familia Castaño, fundadora de las AUC, dijo que empezó a trabajar con la Drummond desde finales de los años 90 cuando ya cooperaban con la empresa otros comandantes paramilitares.
Explicó que fue contratado para evitar que los transportadores que llevaban el carbón en camiones al puerto de Santa Marta en el Caribe, vendieran la mercancía en el camino.
Duarte dijo que se familiarizó con varios empleados y departió socialmente con Tracy a quien identificó como el hombre con más poder dentro del complejo minero.
Para hacer más eficiente el transporte del mineral, la compañía empezó el tendido de una línea de ferrocarril que conectaba el yacimiento con el puerto y para ello debió negociar con los propietarios de terrenos por donde cruzaba la carrilera.
Duarte aseguró que en ese proceso se cometieron toda clase de atropellos.
Recordó que una familia que tenía una propiedad con un arroyo que salía cerca al pueblo de Copey, departamento de César, se negó a vender sus tierras.
"John asesinó al hijo de la familia primero y después, cuando no dejaron la propiedad inmediatamente, también mató al padre. Drummond posee esta propiedad actualmente'', agregó.
John es prófugo de la justicia y se unió a las Bandas Criminales compuestas por paramilitares no desmovilizados.
De acuerdo con Duarte, quien se acogió a la ley de Justicia y Paz, Jaime Blanco, ex contratista de la Drummond acusado del asesinato de líderes sindicales de la compañía, le comentó que Jiménez lo visitó en la cárcel de La Picota de Bogotá y le pidió que eximiera a la empresa de cualquier responsabilidad en esos crímenes.
Blanco compartía la misma sección de la prisión con Duarte. Tras la visita de Jiménez, Blanco lo invitó a participar en el esquema con el que se pretendía encubrir la responsabilidad de la empresa, explicó Duarte.
"[Blanco] me ofreció una cantidad específica, 300 millones de pesos colombianos [$150,000. . .] para mantenerme callado sobre la Drummond'', dijo Duarte. "Yo le dije que yo me encontraba en el proceso de Justicia y Paz y que mi objetivo era decir toda la verdad de tal modo que pudiera salir de la cárcel bajo las reglas del sistema. Le dije que el dinero no me servía de nada en la cárcel''.
Los abogados de Drummond han pedido al juez que no admita la demanda alegando que no hay claridad ni precisión en los argumentos y que Estados Unidos no es la jurisdicción indicada para ventilar el litigio.
El juez R. David Proctor rechazó algunos aspectos de la demanda y recientemente negó una petición de Drummmond para que prohíba a las partes pronunciarse en público sobre el caso.
Duarte afirmó en su declaración que después de revelar algunos detalles de la relación de las AUC con Drummond al periodista colombiano Gonzalo Guillén, fue víctima de un atentado contra su vida en la prisión.

domingo, 13 de marzo de 2011

LA DESASTROSA POLÍTICA MINERA

De cada 100 dólares que ingresaron en 2009 por inversión extranjera directa, 41 llegaron a la minería y 36 al petróleo.Colombia, país minero, es el lema con el que se identifica la política tanto de Juan Manuel Santos como de su predecesor.
En el punto 92 del programa de gobierno, Santos dice que la “regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial, con “reglas del juego” que garanticen la estabilidad a largo plazo…”. En otras palabras, para la minería habrá más Confianza Inversionista.
¿Cómo es la Confianza Inversionista en los asuntos mineros?
La minería recibe inmensos beneficios fiscales y cambiarios. La ley minera (685 de 2001) y la de hidrocarburos (Código de Petróleos, 1953) mantienen algunas de las exenciones de las malhadadas concesiones Mares y Barco. No pagan impuestos a departamentos y municipios. El costo anual de las exenciones por reinversión en activos suma cerca de 4 billones de pesos, el 75 por ciento de lo recaudado por la regalía. Una parte importante de sus inversiones, como las de responsabilidad social empresarial y ambientales, pueden constituirse en exención a la renta. Las importaciones de maquinaria y repuestos están libres de aranceles y si se dan bajo la figura del leasing, ¡también! se convierten en rebajas a la renta.
Sus exportaciones, de otro lado, no pagan o se les devuelve el IVA. Y si la compañía, como es el caso de Drummond y Cerrejón, se ubica en zona de frontera, el precio de los combustibles llega máximo al 40 por ciento del cobrado a los colombianos y se les exonera de la tarifa de impuestos por su consumo; 32 por ciento, para la gasolina, y 23 por ciento, para el diesel. Además se les eliminó el impuesto a la salida de utilidades.
Entre 1996 y 2006, su tarifa era de 7%. En 1990, 20%. A contrario sensu, a los colombianos de a pie se les cobran IVA, retefuente, renta, industria y comercio, predial, valorización, etc.
Arguyen las empresas que la no extensión de los beneficios –algunos vencen en octubre–, por su sensibilidad a cualquier sobrecosto al capital, causaría una caída en la inversión. Pero la expansión de los proyectos mineros, como causa principal tiene a los aumentos en los precios internacionales. Entre 2003 y 2009, el precio internacional del carbón se multiplicó por tres, el del oro por cuatro, y los del níquel, más que se duplicaron. Y este año, excepto el oro, aunque los precios continuaron cayendo, no retornaron a montos cercanos a los vistos en la década de los noventas y, por efecto de la especulación y la mayor demanda en China e India, retornaron a la senda del crecimiento.
La minería es intensiva en capital –el 92 por ciento de su PIB– y la mano de obra aporta el 7 por ciento. Luego la posibilidad de captar una porción ascendente de la renta de minería se halla en: gravar al capital con tributos directos y progresivos, mediante aumentos a la regalía o a través de cláusulas que den participación por precios altos.
Ninguna de las soluciones anteriores las contempla el gobierno. Las exenciones al capital se convierten en un subsidio que la sociedad transfiere a las multinacionales de este renglón. Y el santismo, antes uribismo, defiende ante todo la estabilidad jurídica, así el statu quo cause una enorme lesión a los intereses económicos de la nación.
¿Y qué pasa con la regalía?
Una vez tramitada la Ley 685 de 2001 se dijo que el Estado pondría todo el énfasis en ser un facilitador y fiscalizador del desarrollo de los proyectos mineros, dejando en claro que es “la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero…” Sobre los 23 contratos que aportan el 95 por ciento de la regalía, la Contraloría afirma que la información aportada por las empresas concesionarias “es en un alto porcentaje de buena fe…” Y agrega: esto representa “una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras…”
Ejemplos de la falta de auditoría son Cerromatoso (BHP Billiton) y Drummond. La primera adeuda más de 24 mil millones de pesos por regalía. La segunda se vale del control de la fórmula con la que se liquida la regalía para eludir parte de su pago y entre sus haberes tiene varios fallos que le obligan al pago de deudas relacionadas con la contraprestación.
Cualquiera pensaría que tal conducta daría lugar a un castigo. Pero el “garrote” del gobierno es negociar con las multinacionales la extensión de los contratos. A Drummond le faltan más de nueve años para el vencimiento de una de sus concesiones, pero la Confianza Inversionista le quiere asegurar desde ya otros treinta años de explotación en el complejo La Loma–Boquerón, con reservas por 543 millones de toneladas de carbón, que sumadas a las del Descanso, llegan a 2.307 millones. Y con Cerromatoso, a pesar de las deudas y otros beneficios dados, también se negocia la extensión del contrato. Con un agravante: varias consultorías y conceptos contratados por Ingeominas le dicen que “no es conveniente para 1a Nación proceder a una prórroga inmediata de la concesión en los términos vigentes.”
Drummond y Cerromatoso, más que la excepción, constituyen la regla. La privatización o liquidación a menos precio de las empresas mineras estatales se justificó en la eficiencia y en la transparencia del sector privado. Ni lo uno ni lo otro se demostró.
Pero al país se le embarcó en concesiones que le resultan lesivas y que en la otra cara de la moneda tienen la persecución a los pequeños y medianos mineros –explotaciones que interesan a las trasnacionales–, los irreparables daños ambientales, la maldición de los recursos naturales que sufren los habitantes de los corredores mineros y las recias condiciones de trabajo impuestas a los obreros de la gran minería foránea.
Tomado del articulo de Juan Pablo Fernández

SE DEFINE INMUNIDAD DE URIBE EN CASO DE DRUMMOND LTD.

Vence plazo para definir inmunidad a Uribe Vélez en caso Drummond


 
EL viernes 11 de marzo venció el plazo solicitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para decidir si otorga o no la inmunidad diplomática al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido llamado a testificar en el proceso que se adelanta contra la multinacional Drummond, por supuestos vínculos de esa empresa con los paramilitares de las AUC.

La última vez que en ese país se habló oficialmente del tema fue por parte de la vocera del Departamento de Estado, Virginia Staab, cuando confirmó que el Departamento de Justicia le había solicitado al juez John Bates, el pasado 11 de febrero (fecha que se había fijado como plazo para la decisión de la inmunidad), que extendiera el plazo por 30 días adicionales.

Uribe recibió el llamamiento para ser escuchado en el caso contra la Drummond el pasado 4 de noviembre, cuando fue citado a rendir una versión preliminar el día 22 de noviembre del año pasado, en las oficinas de Conrad & Scherer, que representan a cerca de 500 familiares de víctimas asesinadas por grupos paramilitares.

Posteriormente, el Gobierno colombiano solicitó la inmunidad del expresidente Uribe para evitar que tuviese declarar, basándose en el hecho de que Uribe fue “jefe de Estado”. Desde entonces se ha venido dándole aplazamientos a la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para tomar la decisión definitiva sobre la inmunidad. Hoy en la noche vence el plazo y a esta hora (4:30 p.m.) se desconoce si habrá o no una nueva extensión de tiempo para estudiar el caso.