jueves, 5 de mayo de 2011

¿Cuánto deben pagar las empresas explotadoras de carbón por el daño ambiental que dejan?


¿Qúe precio pagaremos por entregar nuestros recursos carboníferos y disfrutar de sus ganancias? La legislación del medio ambiente ha sido casi inexistente en Colombia frente a la urgencia de vender todo el carbón, antes de que el mundo postmoderno pierda su interés en él. La coexistencia ideal de explotación carbonífera y desarrollo turístico no nos ha resultado viable, a juzgar por el costo ecológico de las operaciones de la empresa Drummond tanto en el Cesar como en el Magdalena.
La Drummond está vendiendo sus negocios en Colombia. La multinacional estadounidense estaría pidiendo entre 8 y 10.000 millones de dólares por el total de sus activos, con claras intenciones de salir rápidamente de aquí.
¿Por qué irse ahora de un país que le ha entregado en concesión, sólo en el Cesar, un campo de 47.000 hectáreas de explotación, en tamaño una tercera parte de Bogotá, donde hay 1.700 millones de toneladas en reservas de carbón, algo que le aseguraría 60 años de incalculable enriquecimiento?
Cuatro firmas han manifestado interés en comprar, pero están evaluando el estado de todas sus operaciones, sobre todo el daño ambiental. Unos aseguran que supera la suma pretendida por la Drummond en la venta.
¿La vamos a dejar vender e irse así no más?
Me pregunto si el gobierno colombiano tiene una medida del daño causado por el polvillo mineral que las barcazas de la Drummond sueltan todos los días sobre el mar y las playas entre Ciénaga y Santa Marta y por las miles y miles de toneladas del mineral que, empujadas por las tormentas del invierno, arrojan al lecho marino, aniquilando en él todo vestigio de vida.
La Drummond saca anualmente miles y miles de millones de dólares en carbón colombiano de alta calidad. Las utilidades de la empresa son mejoradas por ventajas tributarias como la devolución del IVA y del impuesto a la renta. Está además exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial sobre casi 20.000 hectáreas, a cambio de un 10 por ciento de regalías a boca de mina para nuestro país. Regalías que mal liquida, como lo comprueba una multa por 48 millones de dólares, pagada hace un par de años.
La Drummond suele incumplir sus protocolos de seguridad y de responsabilidad social en Colombia. Tres dirigentes de su sindicato fueron asesinados, hace seis años, en condiciones aún no esclarecidas. La empresa ha enfrentado tres huelgas por inseguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral y falta de inversión social en compensación por los daños infligidos a pobladores del área donde se asienta la mina o que viven a todo lo largo del corredor carbonífero. Se han registrado varios paros cívicos en protesta por la presencia de enfermedades pulmonares de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos. Ya el país sabe de Asotred (Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond), que agremia desde el 2008 a 599 trabajadores afectados en su salud por las minas de esta entidad.
Es necesario, repetimos aquí, que el Gobierno Nacional abandone su actitud arrodillada frente a la oferta y el comportamiento de las multinacionales. Es necesario que les exija y les ayude a minimizar los perjuicios sociales y ambientales de sus operaciones. Es su deber defender los derechos de los ciudadanos, cuidar el patrimonio nacional y prever las consecuencias de las actividades que puedan impactar la vida diaria de sus comunidades.
La Constitución respalda también numerosas formas de participación ciudadana, para demandar información, explicación, justificación y legitimidad de los procesos y métodos utilizados en la explotación de nuestros recursos naturales.
por: Heriberto Fiorillo