General Motors Colombia despide a trabajadores enfermos

La multinacional General Motors es una empresa de prestigio y poderosa, de las primeras en el mundo y en Colombia, donde hace presencia desde 1956. Desde entonces ha ensamblado un millón 400 mil vehículos, tiene hoy la mayor red de concesionarios del país, realizó en los últimos 25 años inversiones superiores a $868 mil millones, y sin embargo: despide a los trabajadores enfermos. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de GM Colmotores, organización creada el pasado 19 de mayo en Bogotá por 28 trabajadores de esta empresa, todos enfermos y en tratamiento médico por idénticas patologías: síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, epicondilitis (afección en los codos), discopatías lumbares (hernias), entre otras; y en su mayoría en querellas judiciales contra la empresa por haberlos despedido de manera arbitraria, sin reconocerles que estas enfermedades las adquirieron en el trabajo. Con el agravante, según la Asociación, de que en la empresa puede haber más de 200 trabajadores con algún grado de enfermedad, y por lo mismo candidatos también a ser despedidos. Lo otro es que la inmensa mayoría son trabajadores contratados a un año, modo de contratación que no les da estabilidad laboral, fácilmente los pueden despedir. Ni pueden negociar sus condiciones laborales porque la gran mayoría de los 1.800 trabajadores de planta están por Pacto Colectivo; un pacto que entre otras cosas fue construido mediante pago de gabelas a los trabajadores para que se retiraran o no hicieran parte del sindicato. Total, la convención colectiva sólo rige para los 50 trabajadores que quedaron en el reducido sindicato, y que son los únicos que, cuando se han enfermado, les han calificado su enfermedad como profesional.

El Debate en el senado sobre las ARP

Robledo, "el Sistema de Riesgos Profesionales es igual de perverso que el sistema de salud". Conforme a una acción popular instaurada por un grupo de abogados y médicos, "las ARP han usado 300 mil millones de pesos de recursos públicos para pagarles a las empresas de corretaje que les consiguen afiliados. A pesar de que este gasto no tiene nada que ver con la atención de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o padecen una enfermedad profesional, las administradoras de riesgos profesionales lo cargan a los recursos del sistema. Al parecer, también pagan con recursos públicos las cuotas a Fasecolda, gremio que las agrupa". Otra de las denuncias del Senador en contra de las Arp es que en ellas les niegan los derechos a los trabajadores que padecen enfermedades profesionales. "Al igual que las EPS, las ARP están dedicadas a negarles los derechos y servicios a los trabajadores enfermos, puesto que sus utilidades aumentan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología. En Colombia se reconocen 138 enfermedades profesionales por cada 100 mil trabajadores afiliados al sistema, tasa que es inferior a la de países como Argentina, Alemania y Finlandia. Y no es porque los trabajadores colombianos se enfermen menos o porque en el país las condiciones laborales sean mejores, sino porque las ARP están dedicadas a negar el origen profesional de las patologías para aumentar sus utilidades". Dato: En la minería de carbón se estima que la situación es delicada, debido a que es una actividad en la cual los trabajadores están expuestos a todo tipo de riesgos. En El Cerrejón hay más de 700 enfermos y en Drummond más de 800. Sin embargo, en los últimos 10 años en Drummond sólo se han reconocido 208 enfermedades profesionales y en Prodeco, empresa de la trasnacional suiza Glencore, tan solo se ha reconocido un caso.

En Comisión Quinta piden revisar situación laboral de trabajadores del sector minero

Bogotá D.C., 7 de junio de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- La difícil situación de los trabajadores de las multinacionales, sus precarias condiciones de salud y la conformación de una subcomisión para verificar la situación en la que se encuentran quienes trabajan en el sector de la minería fueron los principales aspectos que se trataron en el debate de control político, que se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado. El senador Jorge Robledo (Polo Democrático), citante del debate, denunció la falta de respeto a los derechos laborales en Colombia, así como el estado de indefensión del trabajador frente al patrón. “Sin mano de obra barata, no habrá neoliberalismo que valga”, afirmó el congresista que, a su vez, hizo referencia a la tercerización de los contratos. “En Colombia, se habla del ministerio de la Desprotección Social, que siempre está en contra de los trabajadores”, añadió. De acuerdo con el senador Robledo, en El Cerrejón, Xtrata (Glencore) Anfglo América 7 HP Billington obtienen una utilidad neta de 1,5 billones de pesos anuales y, a pesar de estas ganancias, no les brindan a sus trabajadores condiciones dignas, pues la jornada laboral de los empleados excede las 8 horas diarias reglamentarias, con el agravante de que enfrentan problemas de salud por los riesgos que se corren en las minas. Denunció que estas empresas están tercerizando actividades como mantenimiento, transporte, casinos y vigilancia para evitar la sindicalización. De los 10 mil trabajadores, hay 4.500 tercerizados con contratos a término fijo que no son renovados cuando los trabajadores hacen parte de un sindicato. “En Colombia por cada 100 mil trabajadores se reconocen 138 enfermedades laborales, mientras que en Alemania, 500”, denunció el senador y señaló que “en Colombia elaboran normas calculadas para negarle al trabajador sus derechos”. Por su parte, Moisés Padilla, presidente Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, e Ígor Díaz, presidente de Sintracarbón de El Cerrejón, pidieron respeto por la vida y salud de trabajadores. El senador Félix Valera (Partido Verde) pidió revisar la dinámica del negocio de la minería, con el fin de buscar la equidad y la justicia y, al igual que el senador Robledo, afirmó que el trato con los trabajadores es “inhumano”, por lo tanto, propuso replantear el tema de la seguridad social. La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) reiteró que por cuenta de las irregularidades en la minería se han sacrificado muchas regiones. Asimismo, propuso la conformación de una subcomisión de senadores para visitar las minas que explotan las empresas Drummond y El Cerrejón y conocer, de primera mano, la situación de los trabajadores. Asimismo, el senador Milton Rodríguez (Partido de la U) señaló que hace falta una fiscalización integral de las regalías y de la seguridad industrial. El senador Juan Córdoba (Partido Conservador) propuso crear una superintendencia minera para proteger a los trabajadores. De otro lado, el senador Manuel Guillermo Mora (Partido de la U) manifestó sus inquietudes sobre la situación de los trabajadores de Ecopetrol. Mientras que la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) afirmó que el Gobierno debe reconocer las fallas del sector minero. “Estamos entregando la riqueza del país, a bajo costo, con consecuencias ambientales graves”, concluyó. Al respecto, el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, mostró la disposición del Gobierno de trabajar, de manera conjunta, con el Congreso en los temas tratados en este debate. “La minería es un sector muy importante para la economía, es claro para todos, para la generación de ingresos, empleo y para que se comporte como una de las locomotoras”, aseguró. Sin embargo, sus respuestas no fueron satisfactorias para el senador Robledo, quien concluyó que fueron sólo “promesas”.

Por Asesinatos de Compañeros Sindicalistas de SINTRAMIENERGETICA, medida de aseguramiento contra Jaime Blanco Maya.

Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, le fue definida la situación jurídica a Jaime Blanco Maya, por el fiscal de Derechos Humanos y DIH que investiga el crimen de Hugo Manuel Guerra Cabrera, ex contratista de la transnacional Drummond. En este proceso Blanco Maya, quien es hermano del exprocurador Edgardo Maya, fue sindicado por el fiscal instructor como presunto responsable del punible de homicidio agravado en condición de determinador. La víctima, Guerra Cabrera, había sido contratista del servicio de alimentación para los trabajadores de la mina ubicada en la Loma de la Calentura, La Guajira, y explotada por la Drummond. Según lo establecido por los investigadores, el ex contratista desapareció el 8 de mayo de 2000, cuando se desplazaba en el área del municipio de Becerril, Cesar, y su cuerpo desmembrado y cubierto de cal fue hallado días después en una fosa en la finca La Chiquita en jurisdicción de la citada población. La muerte de Guerra Cabrera fue cometida por hombres al mando de John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, condenado en este caso a 40 años de prisión. Blanco Maya, privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, también fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH en el proceso por los homicidios de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, directivos de Sintramienergética, perpetrados por paramilitares al mando de Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, en marzo de 2001 en jurisdicción de Bosconia (Cesar). Presumiblemente, los sindicalistas fueron asesinados por liderar protestas contra el mal servicio de alimentación que prestaba en el restaurante de la empresa minera el entonces contratista Blanco Maya. Tomado de El Heraldo