Hay más empresas implicadas en crímenes

Además de la carbonera Drummond, el colectivo de abogados que encabeza T. Collingsworth tiene procesos en contra de las bananeras Chiquita Brands, Dole y Del Monte, y las petroleras British Petroleum, BP, y Occidental Petroleum, Oxy, por su presunta financiación a grupos de paramilitares. “Lamentablemente este fue un comportamiento que aplicaron varias multinacionales”, enfatiza el abogado colombiano Francisco Ramírez Cuellar, representante del grupo de juristas Colombia. Sostiene que, incluso, importantes empresas nacional, como “Ecopetrol, Postobon y compañías de transporte interdepartamental deben ser investigadas”, porque le habrían entregado dinero a las Autodefensas para apoyarlos y no por el pago de extorsiones. Ramírez denuncia, también, que hubo casos en los que empresas colombianas les pagaron al grupo armado ilegal para que expulsaran de sus territorios a compañías que eran competencia.

Se confirmó la venta de Drummond, Itochu su socio

Drummond Company Inc. llegó a un acuerdo con la japonesa Itochu Corporation, según indicó Drummond en un comunicado fechado en Birmingham, con la operación buscan asociarse, de forma que Drummond será propietaria del 80 por ciento e Itochu del 20 por ciento de sus activos en Colombia por 1.523,5 millones de dólares, Drummond International, la cual será propietaria y operará los proyectos mineros y la infraestructura de transporte en Colombia. En el acuerdo Itochu Corp. Tendrá el derecho exclusivo de exportar el carbón extraído a Japón. La inversión de Itochu en Drummond International ayudará a financiar los requerimientos de capital en Colombia que le corresponden a Drummond, los cuales están enfocados a incrementar las exportaciones de carbón de una manera ambientalmente sostenible. La comercializadora japonesa pretende comenzar a extraer el carbón desde este año para proporcionar el suministro continuo a su país. Inicialmente buscarán exportar 5 millones de toneladas al año y después aumentarlas hasta 7 millones de toneladas, cerca del 6% de la demanda japonesa usada para la generación de energía. Esta transacción está ligada a un programa de inversión en Colombia para los próximos cinco años. Itochu y Drummond trabajarán juntos para aumentar el área de extracción así como mejorar la infraestructura de transporte y así aumentar la producción a 35 millones de toneladas para 2013. Se estima que los costos de desarrollo del proyecto pueden estar entre $5 y $7 billones. La operación de Drummond es estratégica por varias razones. Una, que desde el año pasado llegó al mercado asiático y diversificó sus destinos. Este año planea alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de carbón para exportación, con inversiones que superan US$400 millones, en los que Asia tendrá un papel protagónico. Otra es el papel del carbón, ante los problemas y preocupaciones que está generando la energía nuclear como fuente de generación de energía. El programa contempla la compra de equipo minero más eficiente, junto con una inversión aproximada, entre US$375 y US$400 millones, para la construcción de un nuevo sistema de cargue directo en puerto, según lo ordenado por un decreto del gobierno colombiano. Con este sistema de cargue se incrementará en un futuro la capacidad de exportación a un nivel entre 40 y 45 millones de toneladas por año.

Juez de EU pidió que ‘Tolemaida’ declare en caso contra Drummond

En la Corte Federal de Alabama, EU, existe un trámite que se constituye en una prueba de fuego para saber si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respetará, como lo ha prometido, los Derechos Humanos y velará para que la impunidad no reine en crímenes de lesa humanidad. El abogado Terrence Collingsworth, quien tramita dos demandas contra la Drummond como presunta responsable de los asesinatos de los sindicalistas Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler, reveló ayer a EL HERALDO que un Juez de EU envió al Departamento de Estado una “carta rogatoria” dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para gestionar la declaración juramentada del exparamilitar Tolemaida (Óscar Ospino Pacheco), cabecilla del frente Juan Andrés Álvarez de las AUC que ejecutó los tres homicidios, al parecer, financiado por la multinacional carbonera. “Esta es una oportunidad importante para que Santos demuestre, ante congresistas y funcionarios de mi país que están pendientes de los Derechos Humanos en Colombia, que está cambiando, porque en el gobierno de Uribe tuvimos un caso similar y no hubo ninguna colaboración”, afirmó. Para Collingsworth es claro que Tolemaida no podría mentir sobre la relación con Drummond porque subalternos suyos ya han aceptado que existió y están condenados por los crímenes. “Si miente, sería procesado por perjurio en mi país, que es un delito grave”, argumentó. Dos demandas Orcasita y Locarno fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 por orden de Tolemaida, como lo reconocieron ante la Fiscalía varios de sus hombres. Seis meses después mataron a Gustavo Soler. El paramilitar Alcides Manuel Mattos, apodado El Samario, aceptó que mató a los dos primeros y fue condenado. Collingsworth,en representación de las viudas, demandó en 2006 a la Drummond, pero el proceso no prosperó, fundamentalmente, porque “no contamos con testimonios de (hombres) de las AUC”. “Ahora —reveló— hemos presentado una demanda en nombre de los hijos, luego de que una Corte de Apelación así lo aceptara. Ya hemos recibido importantes declaraciones de paramilitares, aunque están temerosos por amenazas fuertes contra ellos”. Paralelamente, existe otro demanda por el crimen de unas 600 personas en el corredor carbonífero que va de El Paso, Cesar, al puerto de Ciénaga, Magdalena. La tesis es que “las AUC fueron financiadas por Drummond para asegurar la zona y borrar a las Farc ”, dice el jurista estadounidense. Diez de las mujeres demandantes en este caso ya fueron citadas a la Corte de Alabama y deben ir a declarar en julio, explicó Collingsworth. Por el caso Orcasita y Locarno también condenaron a Jairo Charris Castro, o El Viejo Miguel, quien le contó a las autoridades cómo fue planeado el doble crimen. Al ser sentenciado, un Juez Especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía investigar a Gary Drummond, presidente de la multinacional; Jean Jakim; Augusto Jiménez, presidente en Colombia; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad; y al coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad. “Jaime Blanco Maya —hermano del exprocurador Edgardo Maya— involucrado en este caso pregunta por qué está preso y no Araújo, que me dicen es el papá del secretario general de la Fiscalía, una persona cercana a Jorge 40 que impulsó las AUC”, comentó Terrence Collingsworth. Por José Granados Fernández jose.granados@elheraldo.com.co