COOPERATIVA Y PRECOPERATIVAS NO PODRAN REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL.

De acuerdo con el Decreto 2025 de 2011, que reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, se prohíbe a las Cooperativas y Precoperativas realizar intermediación laboral, so pena de las sanciones pecuniarias, a que se pueden hacer acreedoras por el incumplimiento de dicha disposición legal. La base principal de la prohibición, es que las normas consagran que la labor de intermediación, establecen de manera expresa que el desarrollo de dicha labor, se encuentra en cabeza de las empresas de servicios temporales. El mencionado decreto, estipula de forma expresa cuales son las conductas que son consideradas intermediación laboral, en las cuales pueden incurrir las cooperativas y precooperativas, y que las harían acreedoras de sanciones hasta de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5000 SMLMV), sanción igualmente aplicable para cuando éstas realicen labores de asociación y agremiación para la afiliación de trabajadores independientes a la seguridad social integral. Adicional a la sanción pecuniaria en que puedan incurrir la cooperativa y precooperativas, por el desarrollo de estas actividades de intermediación, de manera automática quedaran inmersas en causal de disolución y liquidación. Cabe destacar que la norma prevé y hace extensiva la sanción pecuniaria al tercero que contrate con estas asociaciones, la actividad de intermediación, sin perjuicio del reconocimiento que realice el Inspector de Trabajo, sobre la existencia de un contrato realidad entre el tercero y el (los) trabajador (es).

Resistencia Laboral, definicion de la HUELGA de los trabajadores de Palma del Cesar

“Resistir”, es el verbo que por estos días más conjugan los trabajadores de Palmas del Cesar, que hoy lunes 13 de junio cumplen exactamente 60 días de huelga en medio de las dificultades y privaciones que una situación de esas acarrea. Con cerca de 4 mil hectáreas de extensión y más de 600 trabajadores, ésta es una de las empresas palmeras productoras de aceite más importantes del departamento del Cesar, ubicada en el corregimiento Minas, municipio de San Martín. Su planta de personal la componen 138 trabajadores con contrato indefinido (107 de ellos afiliados al sindicato de industria Sintrainagro), 226 a término fijo (contratos de menos de un año, de hasta un mes), 230 por cooperativas de trabajo asociado y 32 por empresas temporales. Se trata de un conflicto laboral sobre el cual los trabajadores y el gremio palmero tienen los ojos puestos, porque marca pauta a negociaciones en otras empresas del sector; un sector caracterizado por la masiva contratación tercerizada y en condiciones bastante precarias. Prueba de ello es el contrapliego — nefasto según el sindicato— que inicialmente la empresa presentó a la mesa de negociaciones, con el cual pretendía tener vía libre para contratar mediante cualquier modalidad; rebajar salarios; suprimir las primas extralegales de los trabajadores, lo mismo que el restaurante y el servicio médico; reducir en 50% los permisos sindicales; y una convención colectiva con vigencia a 8 años, cuando actualmente está en 4. “La empresa lo que quiere es tenernos en las mismas condiciones que los trabajadores de Malasia, donde los salarios y el trabajo son casi de esclavos, y la gente trabaja prácticamente por la comida, por el arroz. Pero gracias a nuestra lucha la empresa retiró ese contrapliego. Sólo quedan dos puntos por resolver, y son la causa de que sigamos en huelga: la contratación y el aumento salarial”, señaló Rubén Samacá, presidente de Sintrainagro, seccional Minas. En el primer punto el desacuerdo es por el número de trabajadores que, estando contratados a término fijo, pasarían a término indefinido, o sea gozarían de todos los beneficios de la convención colectiva, pues los fijos sólo se benefician del aumento salarial, no de las demás prerrogativas de la convención. Inicialmente el sindicato pidió que el cambio de contrato fuera para 45 trabajadores, luego rebajó a 32. La empresa por su parte ofreció 20, pero después, en vez de subir el número, lo bajó a 14. Y en el tema salarios, la empresa ofrece aumento de 3.5% para el primer año y el IPC más 0.25 para los otros tres años. La propuesta del sindicato es 5.5% para el primer año y el IPC más medio punto para los otros años. El Gobierno habla de formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales, el Ministerio de la Protección Social debería tener un papel más protagónico. El Vicepresidente Angelino Garzón está tratando de ayudar, y ha conversado con la empresa, pero el papel suyo es más político que ejecutivo, porque no puede tomar medidas vinculantes ni sancionatorias. Tomado ENS.